C.A. de Santiago

Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintitrés.

Visto.

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del motivo 9° que se elimina. Y se tiene además presente:

Primero: Que, comparece DLC, abogada, en representación de la reclamante, la SIGL, y deduce recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de 30 de noviembre de 2022, pronunciada por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, la que rechazó el reclamo deducido con fecha 25 de agosto de 2016, confirmándose íntegramente la Liquidación N° 00 de fecha 5 de mayo de 2016 practicada por el Segundo Departamento de Fiscalización de Medianas y Grandes Empresas de la XV Dirección Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, sin costas.

Segundo: Que, conforme a la antedicha liquidación, se determinó que la reclamante estaba obligada a pagar la suma total de $XXXX.- por concepto de impuesto único del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Aquella liquidación fue objeto de reclamación tributaria, de conformidad a los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, habiéndose dictado la sentencia que es objeto de este recurso de apelación, según se ha tenido oportunidad de precisar en el acápite precedente.

Tercero: Que, la reclamante funda su recurso en los siguientes argumentos: a) existe una infracción al artículo 21 inciso 2° del Código Tributario por parte del Servicio de Impuestos Internos; y b) el tribunal se equivoca al sostener que los gastos financieros por intereses bancarios y la unidad del reajuste de los pasivos no pueden ser deducidos de la renta líquida imponible, esto debido a que los tribunales superiores de justicia están contestes en que los gastos financieros por intereses tienen el carácter de gastos aceptados, aun cuando los bienes adquiridos con ellos no estén en el patrimonio de la contribuyente.

Cuarto: Que, en cuanto a la primera de las alegaciones efectuadas por la apelante, ello será desestimado. En efecto, el artículo 21 del Código Tributario contiene una doble carga: una, dirigida hacia el contribuyente, en el sentido de que es carga de aquel probar, con los medios que el inciso 1° de tal precepto ordena, la veracidad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y el monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.

Luego, en cuanto a lo regulado en el inciso 2° del citado artículo 21, en cuanto impone una carga para el Servicio de Impuestos Internos, lo cierto es que dicha situación no se verifica en la especie, precisamente porque la carga de la prueba es del contribuyente, no pudiéndose entonces asilar en dicha norma para alterar el onus probandi. Lo anterior, ya que el Servicio de Impuestos Internos no ha prescindido de los antecedentes presentados por la parte reclamante. Así, por lo demás ha razonado el acápite 7° de la sentencia impugnada.

Quinto: Que, en cuanto al segundo argumento de la apelación, se debe indicar que, de acuerdo con el mérito de los antecedentes y de lo sostenido por la juez a quo en el motivo 7° y 8° de la sentencia en revisión, no se acreditó por el contribuyente que se reunían los requisitos legales para rebajar como gastos necesarios, los intereses provenientes de los citados préstamos bancarios, recayendo sobre él la carga de la prueba, debiendo por ello probar que se cumplían todos y cada uno de los requisitos que exige el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, correspondiendo acreditarse o justificarse de manera fehaciente, por tratarse en la especie, de un contribuyente de primera categoría.

Sexto: Que, conforme a lo anterior, las conclusiones a las que arribó el tribunal a quo fueron una consecuencia directa de la falta de acreditación por la recurrente de los requisitos del artículo 31 de la LIR respecto a los gastos financieros que se pretendían deducir, dado que pese a que la reclamante acreditó la existencia de las novaciones de créditos y sus montos, los documentos acompañados no permiten establecer que dichos gastos sean necesarios para producir ingresos o rentas gravadas en la Primera categoría.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, de la prueba rendida por la apelante en esta instancia, no se advierte que se haya acompañado ni en primera ni en segunda instancia la escritura pública de la división de la SIGL y que dio origen a la sociedad reclamante y apelante de autos, ya que es el único instrumento público que detalla la asignación tanto de activos y pasivos a la nueva sociedad constituida.

En efecto, es en la escritura de división donde es obligatorio indicar qué activos y pasivos se le asignan a la nueva sociedad, así como también se indica cuál va a ser su patrimonio o capital. Si bien se adjuntan los balances antes de división y posterior a la misma, y una gran cantidad de documentos, todos se centran en acreditar los registros y contabilización de los intereses, pero ninguno permitía la verificación de la asignación de activos y pasivos a la sociedad reclamante, y como estos gastos por concepto de intereses bancarios contribuían a la generación de ingresos necesarios para producir renta.

Con las consideraciones expuestas y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 1° del D.F.L. N° 7, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; 3° de la Ley 19.880, 1, 6, 16, 17, 18, 19, 21, 59, 60, 63, 123, 124 y 132 del Código Tributario, 21, 31 N° 3, 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, 186 y siguientes, del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de 30 de noviembre de 2022, dictada por el 3° Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.