Santiago, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada. Y

teniendo además presente:

I.- En cuanto a la excepción de prescripción alegada por la

reclamante a fojas 248.

Primero: Que la parte reclamante, a fojas 248 de autos, alegó la

excepción de prescripción de la acción de cobro de impuesto del Fisco

de Chile a la que alude la liquidación N° 464, en virtud de los plazos

contemplados en los artículos 200 y 201, ambos del Código Tributario.

Señala que el 23 de noviembre de 2010, el Servicio de Impuestos

Internos notificó la liquidación aludida, por no acreditar fehacientemente

la pérdida del ejercicio del año comercial 2008, la pérdida de ejercicios

anteriores y cuentas de pasivo, entre otras partidas tributarias objetadas,

declarada en el Formulario Nº 22 Impuestos Anuales a la Renta, folio, correspondiente al Año Tributario 2009.

Explica que, en el caso de autos debe declararse la prescripción

extintiva de tres años, ya que al notificarse del acto impugnado el 23 de

noviembre de 2010, dicho plazo expiró el 23 de noviembre de 2013, por

lo que desde que se inició el proceso de fiscalización, a la remisión de

los actos a segunda instancia, han transcurrido más de 7 años y 7

meses, plazo que a todas luces resulta absolutamente desproporcionado

y excesivo.

Pide se declare la prescripción y se deje sin efecto la Liquidación

de Impuestos Nº 464, por sobrevenir de una acción fiscalizadora

prescrita, por haberse extendido el procedimiento de reclamación

tributaria más allá del plazo que estima razonable, en consideración a lo

dispuesto en el artículo 8º Nº 1 de la Convención Americana de

Derechos Humanos, en relación a lo establecido en el artículo 5º de la

Constitución Política de la República, y además, teniendo presente lo

dispuestos en los artículos 200 y 201 del Código Tributario.

Segundo: Que, al evacuar el traslado conferido, a fojas 258 el

Fisco de Chile solicitó el rechazo de la excepción, por cuanto el artículo

201 del Código Tributario debe relacionarse con las posibilidades de

proseguir o suspender el cobro, el que se vincula, por ende, con los

artículos 124 y 147 del mismo cuerpo legal, siendo estas disposiciones

las que prescriben la suspensión de los plazos para ejercer las

respectivas acciones de cobro estando pendientes las acciones de

reclamación y que permitirán el giro una vez que dichas pretensiones

sean resueltas.

En todo caso, indica que el juzgamiento dentro de un plazo

razonable conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos

supone una duración en el proceso necesaria para resolver las

peticiones del actor conforme a derecho.

Tercero: Que, para resolver el asunto planteado por la

reclamante, se debe señalar lo dispuesto en el artículo 200 del Código

Tributario, en cuyo inciso primero dispone que "El Servicio podrá liquidar

un impuesto, revisar cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los

impuestos a que hubiere lugar, dentro del término de tres años contado

desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago". La

interrupción del plazo se verificó al notificar la respectiva liquidación en

los términos del artículo 201 numeral 2 del mismo cuerpo legal, lo que

implicó, por ende, que le sucede el plazo de tres años que contempla

dicha norma y que se interrumpe sólo por el conocimiento u obligación

escrita, o bien requerimiento judicial.

Cuarto: Que, en ese orden de cosas, consta que en la liquidación

impugnada se consigna y acredita, además, en el proceso que el 30 de

agosto de 2010, aún dentro de los tres años de plazo para liquidar o

cobrar el impuesto correspondiente al año tributario 2008 se practicó la

citación respectiva; que implica un aumento del plazo de 3 meses del

artículo 63 del mismo cuerpo legal, por lo que el plazo para ejercer la

acción fiscalizadora a fin de perseguir el cobro se prorrogó, al menos,

hasta el 30 de noviembre de 2010, habiéndose emitido dentro de plazo

la respectiva liquidación y notificado al contribuyente, quien en definitiva

reclamó de la misma el 31 de enero de 2011, fecha en la que, según lo

dispuesto en el artículo 24 del citado cuerpo normativo, se genera la

suspensión del cobro, lo que culminó, al menos, a la fecha de dictación

de la sentencia definitiva de 19 de febrero de 2016, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 147 del Código Tributario para suspender, previa

petición del contribuyente, las acciones de cobro de los mismos.

Quinto: Que, en definitiva, al haber operado la interrupción y

suspensión, respectivamente, de las acciones de cobro respectivas en

los plazos antes señalados, no concurre, al parecer de esta Corte, la

alegación formulada por la reclamante puesto que ha operado la

interrupción y suspensión de la prescripción dispuestas en la norma en

comento.

Sexto: Que, por tanto, y dentro de las modificaciones que el

legislador ha hecho a la tramitación de los reclamos tributarios, aparece

razonable la tramitación del proceso que ha culminado con la dictación

de una sentencia sin que se haya alegado esta situación antes de su

pronunciamiento, por lo que deberá desestimarse la alegación

formulada.

II.- En cuanto al recurso de apelación subsidiario interpuesto

por la reclamante a fojas 152.

Séptimo: Que, los argumentos contenidos en el escrito de

apelación y las alegaciones efectuadas en estrados, no tienen la entidad

suficiente como para alterar aquello que viene decidido, y al ser

compartido el razonamiento por esta Corte, permiten ratificar lo que

viene decidido por el tribunal de primera instancia.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los

artículos 139 y siguientes del Código Tributario, se declara que:

I.- Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por la

reclamante a fojas 248, y

II.- Se confirma la sentencia apelada de diecinueve de febrero

de dos mil dieciséis, escrita a fojas 139 y siguientes, con costas.

Regístrese y devuélvase.

Redactó la abogado integrante señora Herrera Fuenzalida.

Rol N°61-2018. Civil

No firma el Ministro señor Balmaceda, no obstante haber concurrido a la

vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciada por la Undécima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de

Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e

integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y la abogado

integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.