En los casos de infracciones tributarias en que se deba aplicar una sanción pecuniaria, la carga de la prueba corresponde al Servicio, considerando que las garantías constitucionales del Derecho Penal tienen plena aplicación en materia infraccional. En el caso en concreto no existía prueba suficiente por lo que se concluyó que el fiscalizador presumió la existencia de ventas en base a un documento encontrado.