Valdivia, seis de septiembre de dos mil veintidós,

VISTOS

Comparece la Abogada del Servicio de Impuestos Internos, en autos

…... con Servicio de Impuestos Internos”, RUC 21-9-00002756; RIT GR-11-00004-2021, del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de los Ríos, quién de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Tributario, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva fecha 12 de Mayo del 2022. Inicia el desarrollo de su recurso, manifestando que en la presente causa el Abogado de ……………… RUT …………….. dedujo reclamo respecto de las Liquidaciones 15, 16, 17 y 18, todas de fecha 29 de Diciembre de 2020, emitidas por la Jefe de Unidad de la Unión de la XVII Dirección Regional Valdivia del Servicio , que determinaron deferencias por concepto de Impuesto Único del artículo 21 Inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta, para los años Tributarios 2018 y 2019 y reintegros de Renta periodos Mayo 2018 y Abril del 2020, a raíz del rechazo de gastos consistentes en pagos de arriendos a empresa relacionada y a un tercero, por haber sido realizados en efectivo, lo cual hizo que se consideraran tales pagos como no acreditados fehacientemente. Indica después que el Tribunal señaló en el fallo que del análisis de los argumentos y antecedentes aportados por las partes, se requería establecer si los pagos en efectivo que habría efectuado la reclamante por concepto de arriendo de bienes raíces, se encuentran suficientemente acreditados, habiéndose cuestionado por el Servicio en particular la efectividad de los pagos realizados a I.. en el año 2018, y a IP durante los años 2017 y 2018. Se remite a la sentencia y al análisis de los elementos de prueba aportados a los autos primero, respecto del pago por concepto de arriendo a doña I…, tercero no relacionado, efectuado en efectivo por la reclamante por la suma de $8.734.333.- que fue un gasto rechazado, señalando la recurrente que el sentenciador estimó que por estar contabilizados, más las declaraciones de los testigos, este se encontraba suficientemente acreditado. En cuanto a los pagos efectuados a I. P., refiere que la sentencia luego de mencionar los argumentos de las partes, razonó que estando los pagos contabilizados en ambas empresas, es decir en A. P. e IP y existir los contratos de arriendo y acreditarse el destino que le dio IP a los dineros recibidos, se aplicó lo dispuesto en el art 132 Código Tributario que ordena ponderar preferentemente la contabilidad, estimando el fallo suficientemente acreditados los pagos y que el Servicio no habría acreditado lo contrario, haciendo lugar al reclamo, ordenando dejar sin efecto las liquidaciones. A continuación, la recurrente transcribe la parte medular de la sentencia para rebatir la conclusión del sentenciador de haber determinado el destino de ciertas sumas, resaltando que la decisión no se sustenta en elementos concretos que permitan determinar la trazabilidad de dichas cantidades, como podrían ser los comprobantes de depósitos bancarios de las cantidades pagadas, no resultando entonces posible dar por acreditado un pago efectuado en efectivo entre relacionadas que comparten el mismo representante y que registra como resultado una pérdida del ejercicio, al apreciar dichas circunstancias en su conjunto y no separadamente como lo hizo el sentenciador, infringiéndose las reglas de la sana crítica al suponer un destino a bienes fungibles sin base en la prueba. Con relación a la aceptación de los pagos a doña I, estima la recurrente que el contribuyente no logró acreditar la efectividad de haber realizado este pago en efectivo a la Sra. I y que de los antecedentes aportados por la reclamante al juicio, tampoco fue posible establecer dicha efectividad, remitiéndose a lo declarado del Contador de la propia empresa, quién manifestó que no estuvo presente en el momento de la operación. Agrega que la I, refirió que el dinero se lo entregó en efectivo personalmente don M, en su casa en el campo, pero que al ser interrogada acerca de la cantidad de billetes que dicha cantidad representaba, señaló no recordarlos y que fueron usados inmediatamente en trabajos realizados en su casa, lo que contrastaría con lo declarado por otra testigo de dicha parte. Reafirma la recurrente más adelante que no se acreditaron los flujos de dinero desde la empresa hacia la arrendadora, que habrían permitido establecer que esa parte del arriendo fue pagado con dinero efectivo y que en tales circunstancias, ese gasto efectuado por la contribuyente no puede entenderse como necesario para producir su renta, por cuanto no se acreditó de manera fehaciente. Se refiere a continuación a los pagos efectuados a I.P, resaltando que tampoco fueron acreditados como los estimó el sentenciador, reiterando lo declarado por el contador de la empresa en el sentido que los pagos cuestionados se hicieron en dinero efectivo, lo que le resulta inverosímil por su alto monto, sin que conste los flujos de los dineros, y porque, además, en el caso de los pagos efectuados a la sociedad relacionada IP habrían sido entregados y recibidos a la vez por la misma persona, por tratarse de entidades abiertamente relacionadas, donde quien habría hecho el pago es la misma persona que lo habría recibido. Cuestiona nuevamente lo resuelto por el Tribunal, por cuanto la prueba no se sustenta en elementos concretos que permitan determinar la trazabilidad de dichas cantidades, como podrían ser los comprobantes de depósitos bancarios de las cantidades pagadas. Concluye su recurso solicitando sea elevado ante esta Corte, a objeto se revoque la sentencia de primer grado y en definitiva se niegue lugar al reclamo, confirmando las liquidaciones reclamadas en consideración a que el contribuyente no acreditó la efectividad de los pagos que dice haber materializado en dinero efectivo y que fueron objetadas por el Servicio por concepto de arriendo de bienes raíces tanto a su relacionada IPS.A., para los años tributarios 2018 y 2019, como a doña K correspondiente a los pagos efectuados el año 2019.

Se ordenó traer la causa en relación para su vista.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sociedad A.P SA, con domicilio en la comuna de Río Bueno, dedujo reclamo en contra de las Liquidaciones N° 15, 16, 17 y 18 del 29 de Diciembre del año 2020, emitidas por la Unidad de La Unión de la XVII Dirección Regional Valdivia del Servicio de Impuestos Internos. Por sentencia de fecha 12 de Mayo del 2022, el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de los Ríos acogió el reclamo, resolviendo al efecto: “1.- HA LUGAR a la reclamación interpuesta, en contra de las Liquidaciones N° 15, 16, 17 y 18 de 29.12.2020, emitidas por la Unidad de La Unión de la XVII Dirección Regional Valdivia del Servicio de Impuestos Internos. 2.- DÉJENSE SIN EFECTO las Liquidaciones N° 15, 16, 17 y 18 de 29.12.2020, emitidas por la Unidad de La Unión de la XVII Dirección Regional Valdivia del Servicio de Impuestos Internos”.

SEGUNDO: Que, la reclamada, el Servicio de Impuestos Internos de la Dirección Regional de la Región de los Ríos interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia, argumentando que la contribuyente no acreditó la efectividad de los pagos que dice haber materializado en dinero efectivo y que fueron objetadas por el Servicio por concepto de arriendo de bienes raíces tanto a su relacionada IPS.A., para los Años tributarios 2018 y 2019, como a doña K. correspondiente a los pagos efectuados en el año tributario 2019. Refiere en síntesis, que no logro acreditarse en primer lugar que la reclamante haya efectivamente pagado por concepto de arriendo las cantidades que imputó a gastos y que fue lo objetado por el Servicio, como asimismo que la representante de las empresas, que es la misma persona, haya efectivamente recibido los dineros. Cuestiona el razonamiento del tribunal que dio por acreditado el pago y consecuentemente el gasto, por constar estas operaciones en la contabilidad de la empresa, afirmando la recurrente que debía haber acreditado los flujos de dineros que den cuenta del pago efectivo y la recepción de los dineros, resultando insuficiente que en la documentación contable se tenga por pagado el dinero en cuestión.

TERCERO: Que, la sentencia recurrida estableció en el Considerando Segundo en relación con la Carga de la prueba, que “Conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 Código Tributario, para obtener que se anule o modifique una liquidación del Servicio, el contribuyente debe desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscalizador”, agregando a lo anterior el sentenciador que se aplica también el Libro Tercero del Código y en dicho Libro , cuyo artículo 132 inciso cuarto dispone que “el Servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento”. De acuerdo con lo antes expuesto, la sentencia estimó que si bien el contribuyente debe acompañar a su reclamo o durante el procedimiento evidencias que permitan desvirtuar las liquidaciones, corresponde también que las partes acrediten en el juicio sus pretensiones y los hechos en que se basan. En el considerando cuarto se determinó que las materias en discusión en este tipo de procedimientos son meramente patrimoniales, y que en consecuencia “se dará por establecida la hipótesis o hechos alegados por las partes que hayan sido acreditados en mayor medida por las evidencias aportadas al juicio”

CUARTO: Que, habiendo establecido la sentencia la distribución de la carga probatoria y conforme a lo expuesto por las partes y la prueba rendida, determinó como circunstancias acreditadas que la Sociedad reclamante AP. S.A. arrienda varios predios, para desarrollar en ellos actividad agrícola; que los pagos cuestionados se encuentran debidamente registrados en la contabilidad de la reclamante, como asimismo que existen pagos anteriores efectuados a I correspondiente a arriendos de años anteriores e incluso del mismo año que se tuvieron por acreditados y que no fueron cuestionados, determinándose también la relación que existe entre A.P e I.P., las cuales son empresas relacionadas con los mismos socios y el mismo representante legal. Conforme a estas circunstancias acreditadas, la controversia radicaba en establecer si los pagos en efectivo que habría efectuado la reclamante por concepto de arriendo de bienes raíces, se encontraban suficientemente acreditados, resaltándose en el fallo que todos los pagos fueron debidamente contabilizados y registrados en ambas empresas, como asimismo la relevancia que la contabilidad tiene en materia tributaria.

QUINTO: Que, el artículo 132 del Código Tributario fija el procedimiento de la reclamación y materias como la forma de apreciar la prueba, previendo al efecto que: “El Servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento”. El Artículo 21 por su parte dispone que: “Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.” En cuanto a la apreciación y ponderación de la prueba rendida, el artículo 132 establece que: “La prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad con las reglas de la sana crítica”. Asimismo: “En aquellos casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad”.

SEXTO: Que, la sentencia recurrida remitiéndose a la prueba rendida por la parte reclamante, expuso que esta acompañó los contratos de arrendamiento de los tres inmuebles que originaron los pagos cuestionados, individualizándolos con las cantidades respectivas y fechas de suscripción. Con respecto a los pagos del año tributario 2018, consignó que se cuenta con Comprobantes de egreso de A.P y de I.P, los cuales individualiza, citando también el Libro Mayor de la Cuenta “110101-Caja de Inversiones” y el Balance General de A.P que fueron acompañados, para concluir que “Todos los contratos, los comprobantes de ingreso y egreso, los recibos de dinero, el Libro Diario, Mayor y Balance, fueron acompañados por la reclamante en presentación de fojas 240” y también que “los registros contables tienen en materia tributaria y comercial un especial valor probatorio, remitiéndose al efecto a la normativa ya citada.

SEPTIMO: Que, el Tribunal Tributario también se refirió a la prueba presentada por la parte reclamada, la que individualizó, consistente principalmente en las resoluciones materia de la presente reclamación judicial. En cuanto a la argumentación del Servicio de Impuestos Internos para estimar que no se acreditó los pagos y flujos de dineros, la sentencia razonó en definitiva que estas circunstancias debía acreditarlas, lo que no hizo, reiterando el fallo que las normas que ya han sido citadas, le otorga prevalencia a la contabilidad del contribuyente.

OCTAVO: Que, lo expuesto en los considerandos precedentes relacionados con la fundamentación de la sentencia y el razonamiento contenido en esta, ha tenido por finalidad contextualizar el fondo de la controversia y del juicio mismo, por cuanto la recurrente ha fundamentado su actual recurso con argumentos similares a los que expuso en primera instancia, cuestionando el razonamiento del Tribunal, pero sin entregar criterios de análisis diferentes. Es también en este contexto que resulta relevante lo explicado por la sentencia, en cuanto a lo que se prevé en los artículos 21 y 132 del Código Tributario, considerando que si bien el razonamiento de la sentencia debe ceñirse a la sana crítica, el Código Tributario entrega al sentenciador una directriz en orden a exigir a las partes acreditar sus argumentaciones, como asimismo que la contabilidad tiene relevancia en el análisis de la prueba. Conforme a lo indicado, la sentencia recurrida no infringió las normas de la sana crítica al analizar la prueba rendida de acuerdo con la orientación que al efecto entrega el Código Tributario. Atendido lo expuesto, el recurso será rechazado.

Por lo expuesto, normas citadas, y, visto, además lo previsto en los artículos 227 y demás pertinentes el Código de Procedimiento Civil y 143 del Código Tributario, se declara que, se RECHAZA sin costas, el Recurso de Apelación interpuesto por del Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia del Tribunal Tributario de fecha 12 de Mayo del 2022 que acogió la reclamación deducida por A.P SA, , en contra de las Liquidaciones N° 15, 16, 17 y 18 del 29 de Diciembre del 2020 de la Unidad de la Unión de la XVII Dirección Regional Valdivia del Servicio de Impuestos Internos, las que fueron dejadas sin efecto.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad,

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Vidal Etcheverry.

Rol 8 – 2022 TRI.