Marco Andres Morales Sanchez y Otros con SII
Limitación de timbraje de documentos tributarios impuesta por el SII a contribuyente que enfrentaba querella penal por delitos tributarios. La Corte Suprema rechazó el recurso de protección, estimando que la restricción a 50 facturas electrónicas mensuales se ajustaba a la ley.
Ha LugarRecurso de Protección - Restricción y limitación de timbraje de documentos tributarios
Análisis del SII
La Corte Suprema acogió el recurso de apelación impetrado por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Concepción que había acogido el recurso de protección interpuesto por el contribuyente en contra de unos Oficios Ordinarios emitidos por la VIII Dirección Regional de Concepción que restringieron y limitaron el número y timbraje de documentos tributarios del recurrente y de cada una de las empresas por él representadas.
En su recurso, el Servicio sostuvo que no existieron actos de su parte que restringieran o perturbaran el derecho del contribuyente a desarrollar su actividad económica, y que la actuación realizada se encuadraba dentro de una política general aplicable a todos los contribuyentes que se encontraran en la misma situación fáctica, lo que llevaba a concluir que no habían existido actuaciones que pudieran haber privado, perturbado o amenazado alguna de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
El Máximo Tribunal señaló que lo medular de la controversia planteada decía relación con la limitación impuesta a los contribuyentes recurrentes por el Servicio para la emisión y timbraje de los documentos tributarios necesarios para el desarrollo de su actividad económica.
A continuación, la Corte Suprema arguyó que en dicho contexto no resultó ser controvertido que los contribuyentes a través de sus representantes se encontraban sujetos a una querella criminal interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos en relación a diversos delitos de naturaleza tributaria que les habían sido atribuidos, requerimiento que culminó en cada uno de los casos con la suspensión condicional del procedimiento por el término de 2 años, aprobada por el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara en Junio de 2021.
Luego, la Magistratura señaló que tales hechos originaron, según lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, el registro en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario de la anotación negativa correspondiente a querellado, respecto del recurrente y de cada una de las sociedades por él representadas. Lo anterior, dio origen a la limitación impugnada, que más adelante fue precisada a través de la Resolución que puntualizó que la restricción de autorización para la emisión de documentación electrónica se fijó en un total de 50 folios mensuales de facturas electrónicas para los contribuyentes a contar de la notificación de la misma.
La Corte Suprema agregó que resultaba pertinente tener presente lo dispuesto en el artículo 8 ter del Código Tributario, en tanto establece que los contribuyentes tendrán derecho a que se les autoricen los documentos tributarios que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio. Según el Máximo Tribunal, el inciso cuarto del citado artículo, prescribe que dichas autorizaciones podrán ser diferidas, revocadas o restringidas por la Dirección Regional, mediante resolución fundada, por encontrarse el contribuyente en alguna de las situaciones a que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 59 bis, mientras subsistan las razones que fundamentan tales medidas.
Finalmente, la Magistratura concluyó que al hallarse el contribuyente en la situación prevista por la letra b) del citado inciso cuarto del artículo 8 ter del Código Tributario, en tanto no se verifique el transcurso del término de observación y las condiciones fijadas en la resolución que aprobó la suspensión condicional del procedimiento, la actuación de la Administración se encontraba conforme a derecho. Así, se excluyó el supuesto de actuación arbitraria o ilegal que conculcaría garantía constitucional alguna de los actores, por lo que procedía el rechazo de la presente acción.
Fuente: ACJ (SII)Texto de la sentencia
En Santiago, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos cuarto a noveno, los que se eliminan.
Y se tiene en su lugar y además presente:
Primero: Que lo medular de la controversia planteada en la presente sede cautelar, como se asentó en el fallo recurrido, dice relación con la limitación impuesta a los recurrentes, por el Servicio de Impuesto Internos, para la emisión de timbraje de documentos tributarios, necesarios para el desarrollo de su actividad económica.
Segundo: Que en dicho contexto no resultó controvertido entre los incumbentes, que los contribuyentes a través de su representantes fueron sujetos de una querella penal interpuesta por el Servicio recurrido, en relación a diversos delitos de naturaleza tributaria que le fueron atribuidos, requerimiento que culminó en cada uno de los casos con una suspensión condicional del procedimiento por el término de 2 años, aprobada por el Juzgado de Garantía de xxxxx en antecedentes RUC xxxxx, RIT xxxxx, con fecha 25 de junio de 2021. Aquellos hechos originaron, según informó el Servicio de Impuesto Internos, el registro en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, de la anotación negativa causal N° 4001, de querellado, respecto del recurrente, y cada una de las empresas por él representadas, la que motivó en principio la limitación impugnada, y que fue más adelante precisada por la institución recurrida a través de la Resolución Exenta N° 068 de 7 de febrero de 2022, en cuanto puntualizó que la restricción de autorización de emisión de documentación electrónica para los contribuyentes se fijó en un total de 50 folios de facturas electrónicas mensuales, a contar de la fecha de notificación de dicha resolución.
Tercero: Que en las circunstancias expuestas resulta pertinente tener presente lo dispuesto en el artículo 8° ter del Código Tributario, en tanto establece que los contribuyentes tendrán derecho a que se les autoricen los documentos tributarios que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización del Servicio. A propósito de dichas facultades, el inciso 4° del citado artículo, prescribe que dichas autorizaciones otorgadas podrán ser diferidas, revocadas o restringidas, por la Dirección Regional, mediante resolución fundada, por encontrarse el contribuyente en alguna de las situaciones a
que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 59 bis, mientras subsistan las razones que fundamentan tales medidas.
Cuarto: Que, entonces, el contribuyente al hallarse en la situación prevista por la letra b) del citado inciso 4° del artículo 8 ter del Código Tributario, en tanto no se verifique el transcurso de término de observación y las condiciones fijadas en la resolución que aprobó la suspensión condicional del procedimiento, y de acuerdo con el artículo 59 bis del mismo Código, y la demás normativa previamente relacionada, la actuación de la Administración en el caso, resulta conforme a derecho, excluyendo el supuesto de actuación arbitraria o ilegal que conculque garantía constitucional alguna de los actores, todas razones que conducen al rechazo la presente acción.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción y en su lugar, se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de don xxxxx, por sí y en representación de la empresa xxxxx, y de la sociedad xxxxx, en contra del Servicio de Impuestos Internos.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Enrique Alcalde R.
Rol N° 10.006-2022.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los
Ministros (a) Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr.
Mario Carroza E. y Sr. Jean Pierre Matus y Abogado integrante, Sr. Enrique Alcalde.