Santiago, veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

En estos autos rol Nº 12.165-2017, se ha tramitado un procedimiento de

reclamación tributaria, en el que el abogado señor Pedro Gutiérrez Solís, en

representación de la parte reclamante XXXXXXX, en lo

principal y primer otrosí de fojas 412, dedujo recursos de casación en la forma

y en el fondo en contra la sentencia de treinta y uno de enero de dos mis

diecisiete, que se lee a fojas 407, dictada por la Corte de Apelaciones de

Santiago.

El citado fallo, confirmó la sentencia de primer grado, de fecha veintisiete

de abril de dos mil dieciséis, escrita a fojas 287, pronunciada por la Directora

Regional Metropolitana del Servicio de Impuestos Internos (en adelante S.I.I.),

por la que se acogió parcialmente el reclamo deducido en contra de las

Liquidaciones N°s 1 a 8, de fecha 24 de febrero de 2012, emitidas por el

Departamento de Fiscalización de Grandes Contribuyentes del S.I.I. –

únicamente en lo tocante al hecho gravado del artículo 8 letra g) de la Ley de

Impuesto al Valor Agregado, relativo al Edificio El Cóndor III-, desestimándolo

en todo lo demás.

A fojas 485, se dispuso traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO AL RECURSO CASACIÓN EN LA FORMA:

PRIMERO: Que por este recurso se ha denunciado en un primer

capítulo la infracción del numeral 4° del artículo 768 del Código de

Procedimiento Civil, esto es, el haber sido dada la sentencia en ultra petita, en

particular en su hipótesis de extra petita, toda vez que las sentencias de

primera y segunda instancia, se fundaron en el cuestionamiento de la

procedencia del crédito fiscal al Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA)

en la adquisición del inmueble Torres del Parque, lo que no fue objeto de la

litis, infringiendo con ello, además, el principio de la congruencia.

Afirma –como segunda hipótesis del vicio denunciado-, que los

sentenciadores del grado incorporaron el concepto de bienes inmuebles por

adherencia para desestimar el reclamo, concepto que no fue considerado por

el S.I.I. al impugnar las declaraciones y que, por lo tanto, tampoco fue objeto de

la controversia

SEGUNDO: Que el vicio de ultra petita se produce cuando la sentencia,

apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por

medio de sus respectivas acciones y excepciones, altera el contenido de éstas,

cambiando de objeto o modificando su causa de pedir; también cuando la

sentencia otorga más de lo pedido por las partes en sus respectivos escritos

que fijan la competencia del tribunal o cuando se emite un pronunciamiento en

relación a materias que no fueron sometidas a la decisión del mismo.

TERCERO: Que si bien es cierto los considerandos undécimo y décimo

octavo del fallo de primer grado -incorporados a su pronunciamiento por los

sentenciadores de segunda instancia-, hacen alusión a la procedencia del

crédito fiscal IVA en la adquisición del inmueble Torres del Parque, materia que

no fue objeto de la controversia, tal referencia fue hecha a mayor

abundamiento y sin afectar el fondo de lo decidido, por lo que carece de la

trascendencia y de la sustancialidad necesaria para decretar la nulidad de la

sentencia en revisión, razón por la que el primer capítulo del recurso de

casación formal no prosperará.

CUARTO: Que, en lo referido al segundo motivo de nulidad formal,

sustentado en el numeral 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil,

en relación al artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo de normas, cabe tener

presente que en estos procedimientos especiales, de conformidad a lo que

dispone el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, el

recurso de casación en la forma no procede por la causal contemplada en el

numeral invocado, toda vez que lo que se pretende por el impugnante es salvar

una omisión en la valoración de los medios de prueba aportados por su parte y

no denunciar la ausencia de decisión respecto del asunto controvertido, de

manera que ella no podrá ser atendida.

II.- EN LO TOCANTE AL RECURSO CASACIÓN EN EL FONDO:

QUINTO: Que para un mejor entendimiento de las causales de nulidad

sustancial, que se explicitarán más adelante, resulta preciso señalar cuales son

los antecedentes de la presente causa:

1.- Por medio de las Liquidaciones Nºs 1 a 8 de 24 de febrero de 2012,

emitidas por Depto. de Fiscalización de Grandes Contribuyentes del S.I.I., se

objetaron por la autoridad impositiva las declaraciones de impuestos a la

ventas y servicios presentadas por la sociedad reclamante mediante

Formulario N° 29, determinándose diferencias en el débito fiscal declarado en

el período comprendido entre los meses de agosto 2010 y marzo 2011, por un

monto de $ 7.326.730.249.-

2.- El fundamento de las citadas liquidaciones es el que a continuación

se indica.

- Respecto del inmueble “Torres del Parque” -adquirido por la

reclamante con fecha 13 de agosto de 2010 y entregado en leasing con la

misma data a Inmobiliaria Vitacura-, la mayoría de los bienes corresponden a

habilitaciones generales e inmuebles por destinación, por lo que no se tuvo por

configurado el hecho gravado contemplado en el artículo 8 letra g) de la Ley de

Impuesto al Valor Agregado, en cuanto el inmueble no fue arrendado amoblado

o con instalaciones o maquinarias que permitan ejercicio de alguna actividad

comercial o industrial.

-En lo relativo al inmueble denominado “Cóndor III” –adquirido por la

impugnante con fecha 09 de enero de 2009 y entregado en arrendamiento en

el mes de septiembre de 2010-, se estimó por el S.I.I. que no procede utilizar

crédito fiscal, por cuanto la venta efectuada por Constructora e Inmobiliaria

Empresarial S.A. a la reclamante, no configura el hecho especial gravado del

artículo 2 N° 3 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, toda vez que esta

última no participó de la construcción del edificio y, en consecuencia, se trataría

de una segunda venta.

3.- Que XXXXXXX dedujo, con fecha 20 de julio

de 2009, reclamación en contra de las Liquidaciones N°s 1 a 8.

4.- Que los sentenciadores del grado desestimaron sus alegaciones,

teniendo en consideración para ello que:

i- No se acreditó que el inmueble “Torres del Parque” haya sido

arrendado amoblado, no configurándose el hecho gravado contemplado en el

artículo 8 letra g) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

ii.- No se logró establecer con la prueba rendida en autos que

Constructora e Inmobiliaria Empresarial S.A. -que vendió el edificio a la

recurrente- haya construido siquiera en parte del edificio “Cóndor III”, por lo que

no se configuró el hecho especial gravado del artículo 2 N° 3 de la Ley de

Impuesto al Valor Agregado.

iii.- La buena fe alegada por el contribuyente no puede sustentarse en

los oficios emanados del S.I.I., toda vez que es evidente que en la especie se

pretendía reconocer como muebles a elementos que a juicio de los

sentenciadores son inmuebles por adherencia y por destinación,

respectivamente.

SEXTO: Que expuesto lo anterior y en lo tocante al análisis de la

causales del arbitrio de casación en el fondo, conviene señalar, en primer

término, que el recurrente denuncia tanto la infracción del artículo 8 letra g) de

la Ley de Impuesto al Valor Agregado, como su falsa aplicación.

Sobre el particular argumenta que el inmueble denominado “Torres del

Parque” se arrendó amoblado, por lo que se configuró el hecho gravado

especial que daba derecho a utilizar el crédito fiscal.

Expone que la norma en análisis contiene dos supuestos que son

independientes, por lo que basta que el bien arrendado se encuentre

amoblado, sin que importe el número o entidad de las piezas de mobiliario en

él incorporadas.

Refiere que los juzgadores de la instancia incurrieron en una

contradicción, pues si se estima que no se configura el hecho gravado,

tampoco correspondería considerar adeudado el débito fiscal que fue rebajado

por la imputación de dicho crédito, como lo hizo erróneamente el órgano

fiscalizador.

SÉPTIMO: Que como segundo acápite de nulidad se hizo valer la

supuesta infracción a las leyes reguladoras de la prueba por parte de los

juzgadores del grado, específicamente, lo dispuesto en los artículos 384 y 408

del Código de Procedimiento Civil.

Al efecto, se sostiene en el arbitrio que no se dio valor de plena prueba a

la testimonial rendida por su parte, consistente en los atestados de cinco

deponentes que dieron cuenta de que el contrato de arriendo de las torres

comprendía bienes muebles y que la empresa Constructora e Inmobiliaria

Empresarial sí había participado en la construcción de obras del edificio

denominado Cóndor III.

Asimismo, refiere el impugnante que no se valoró adecuadamente la

diligencia de inspección personal del tribunal realizada en autos, de la que se

colegiría que el inmueble llamado “Torres del Parque” habría sido entregado

debidamente amoblado.

OCTAVO: Que para la adecuada resolución de las causales de casación

antes descritas, resulta preciso señalar que en la sentencia en estudio se tuvo

por establecido, por una parte, que el inmueble “Torres del Parque” no fue

arrendado amoblado -no configurándose a su respecto el hecho gravado

contemplado en el artículo 8 letra g) de la Ley de Impuesto al Valor Agregadoy,

por otra, que no se logró establecer que la sociedad Constructora e

Inmobiliaria Empresarial S.A. -que vendió el edificio a la recurrente- haya

construido siquiera en parte el edificio “Cóndor III” -por lo que no se no verificó

el hecho especial gravado del artículo 2 N° 3 de la citada ley-.

NOVENO: Que las antedichas circunstancias constituyen hechos de la

causa, por lo que para desvirtuarlos e instalar la premisa fáctica favorable a las

pretensiones de la recurrente, es necesario que el fallo recurrido en sus

fundamentaciones hubiese incurrido en violación de las leyes reguladoras de la

prueba, lo que se produce cuando los sentenciadores invierten el onus

probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley

rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso

cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio, o alteran el

orden de precedencia que la ley les diere. Huelga recordar que, a este

respecto, la recurrente funda su arbitrio -en este apartado- únicamente sobre

una valoración inadecuada de la prueba rendida en autos, no logrando

apreciarse el yerro denunciado.

Cabe señalar que es el propio Código Tributario el que se encarga de

establecer un sistema de valoración conforme a las reglas de la sana crítica, en

su artículo 132 incisos 14° y 15°. Sin embargo, los reproches que al respecto

efectúa la recurrente, buscan alterar el sustrato fáctico alcanzado por los

sentenciadores del fondo, pero sin denunciar infringidos los elementos que

integran la sana crítica como limitación a la ponderación libre que la ley le

asigna, en esta clase de procedimientos, a los sentenciadores. En efecto no se

denuncia de qué forma el razonamiento habría vulnerado los principios de la

lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente

afianzados. El reproche sólo se sustenta sobre la premisa fáctica que ha

pretendido introducir la impugnante, lo que escapa al control de un recurso de

derecho estricto como el intentado.

DÉCIMO: Que conforme lo antes expuesto y razonado, no habiéndose

acreditado por la recurrente la vulneración de la leyes reguladoras de la prueba

denunciada en su libelo, las conclusiones a las que arribaron los

sentenciadores del grado deben tenerse como hechos inamovibles por esta

Corte, lo que implica necesariamente desestimar las pretensión de la parte

reclamante en orden a tener por establecido que el inmueble “Torres del

Parque” habría sido arrendado amoblado, descartándose, en consecuencia,

que en la sentencia en estudio se haya infringido o aplicado falsamente el

artículo 8 letra g) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

UNDECIMO: Que en lo referente al tercer acápite de nulidad de fondo,

relativo a la falsa aplicación de los artículos 568 y 570 del Código Civil, el que

se hace consistir por la recurrente en la aplicación de los conceptos de bienes

inmuebles por adherencia y por destinación, a casos no regulados por ellos, el

mismo será desestimado, toda vez que de la lectura del recurso no se advierte

la trascendencia que la supuesta infracción de ley habría tenido en lo resolutivo

del fallo, lo que basta para su rechazo.

El mismo razonamiento se hace extensivo a aquel capítulo de nulidad

sustantivo referido a la presunta errónea interpretación y aplicación artículo 23

N° 1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

DUODÉCIMO: Que, finalmente, y en lo tocante a la errónea aplicación

del artículo 26 del Código Tributario denunciada en el arbitrio, fundada en que

el contribuyente se ajustó, en su cumplimiento tributario, de buena fe a las

interpretaciones del S.I.I., conviene precisar para su rechazo, que tal y como lo

sostuvieron los juzgadores del grado en el fallo que se revisa, los oficios que el

reclamante invoca a su favor, no pueden aplicarse al caso de autos, en el que

es evidente que se pretendía dar la calificación de bienes muebles a elementos

que no tienen tal naturaleza.

Sostener lo contrario, llevaría al absurdo de incorporar a las

dependencias del edificio que se arrienda cualquier objeto no esencial para el

ejercicio de una actividad comercial o industrial, para invocar que el inmueble

ha sido arrendado amoblado, cuestión que resulta muy distante a la buena fe

que ampara el artículo 26 del Código Tributario.

DECIMO TERCERO: Que, por todo lo que se ha expuesto y razonado,

esta Corte concluye que no se ha producido en el presente caso ninguno de los

errores de derecho denunciados por el impugnante, de tal manera que el

recurso de nulidad de fondo entablado no puede prosperar y debe ser

desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 766, 767, 768 y 805 del

Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZAN los recursos de casación en la

forma y en el fondo deducidos por XXXXXXX en lo

principal y primer otrosí de fojas 412, en contra la sentencia de treinta de enero

de dos mil diecisiete, que rola a fojas 407.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Nº 12.165-2017

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Hugo

Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel

Valderrama R., y Jorge Dahm O. No firma el Ministro Sr. Künsemüller, no

obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con

feriado legal.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil diecinueve, notifiqué en

Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta

corresponde al horario establecido para Chile Continental.