Santiago, seis de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos:

En los autos Rol 16.619-2017 de esta Corte Suprema, el Segundo

Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago, con

fecha 14 de octubre de 2016, a fojas 271, acogió el reclamo interpuesto por el

contribuyente xxxxxxxxxxxxxxxxx, en contra de la liquidación N° 22

de fecha 25 de julio de 2014, emitida por la Dirección Regional Santiago Norte

del Servicio de Impuestos Internos, que determinó diferencias de impuestos de

primera categoría, de la Ley de Impuesto a la Renta, por el año tributario 2008,

ascendente al monto neto de $664.449.059, al haber realizado como socio de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, un retiro en efectivo por dicho

monto el 21 de diciembre de 2007. Al no haber acreditado su reinversión dentro

de 20 días, queda afecto al Impuesto Global Complementario conforme al

artículo 14 A N° 1 de la Ley de Impuesto a la Renta. La acción del Servicio de

Impuestos Internos fue rechazada por el Segundo Tribunal Tributario y

Aduanero, al estimar que no se logró acreditar la malicia en la omisión de la

declaración de este impuesto, carga que era del ente fiscal, por lo que no

procede que se emita una liquidación fuera de los plazos establecidos en el

artículo 200 inciso 1° del Código Tributario, señalando que el plazo de

fiscalización era de 3 años, el que expiraba el 30 de noviembre de 2011.

Dicho pronunciamiento fue confirmado por sentencia de la Corte de

Apelaciones de Santiago, con fecha 16 de febrero de 2017, y contra esta última

el Servicio de Impuestos Internos, dedujo recurso de casación en el fondo.

Por decreto de fojas 341, se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que por el recurso se denuncia la errónea interpretación y

falsa aplicación del artículo 200 inciso 2° del Código Tributario, en relación a

los artículos 14, 52 y 54 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, toda vez, que la

sentencia dictada por el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero determinó

acoger el reclamo por estimar que la liquidación había sido emitida fuera del

plazo legal que el Servicio de Impuestos Internos tenía para fiscalizar la

declaración del año Tributario 2008, estableciendo, que a pesar de no haberse

acreditado por el contribuyente la totalidad de los requisitos para la aplicación

del beneficio del retiro para reinvertir, tampoco se ha demostrado que el

reclamante haya manipulado su Declaración de Impuestos, señalando que de

la revisión de la totalidad de los antecedentes aportados y de las declaraciones

de los testigos, consideró el Juez Tributario que el contribuyente no actuó de

mala fe, sino que por el contrario actuó considerando que había cumplido con

los requisitos para poder acogerse al beneficio de los retiros para reinversión,

de modo que la eventual omisión se debería a un desconocimiento o descuido,

lo que en ningún caso, constituye malicia. Estimando de esta manera el

recurrente, que el fallo yerra rotundamente al estimar que no procedía el plazo

de prescripción que establece el inciso 2° del artículo 200 del Código Tributario

dado que toda la conducta desplegada por el contribuyente en las instancias de

fiscalización y judicial, acreditan el hecho cierto de haber omitido

deliberadamente en su declaración del Impuesto Global Complementario,

retiros que efectuó como socio, por lo que a su entender la declaración de

impuestos efectuada por el reclamante es maliciosamente falsa, aumentándose

en consecuencia válidamente los plazos de prescripción para ejercer la acción

fiscalizadora de su Servicio de 3 a 6 años, toda vez, que basta con que el

Servicio de Impuestos Internos, en sede administrativa o jurisdiccional detecte

y acredite una conducta omisiva o falsedad en los antecedentes presentados

por parte de los contribuyentes en sus declaraciones, para que el plazo de la

prescripción aumente de los tres años, fijado en el inciso primero del artículo

200 antes referido, al de seis que establece el inciso segundo, señalando que

así lo ha resuelto esta corte en causa rol 8029-2013.

Como segundo capítulo el arbitrio esgrime una infracción al artículo 21

del Código Tributario en relación al inciso segundo del artículo 200 del mismo

cuerpo legal, al haber vulnerado el fallo de primera instancia, confirmado por el

de segunda, los artículos precedentemente señalados, dado que decide no

aplicar la prescripción extraordinaria del inciso 2° del artículo 200 del Código

Tributario, sin considerar que en materia tributaria corresponde al contribuyente

probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley

establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus

declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones

que deben servir de cálculo del Impuesto. En efecto, señala que durante el

proceso de fiscalización al contribuyente se le efectúo una citación para que

aclarara, rectificara o ampliara su declaración de impuesto a la renta del año

tributario 2008, dado que de la Escritura Pública de modificación social de la

sociedad xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de fecha 21 de diciembre de

2017, de la cual el reclamante es socio, se verificó que efectuó retiros por un

monto de $3.555.455.281, informados además, con fecha 31 de diciembre de

2007, por la declaración jurada 1886 y por la Sociedad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hermanos Limitada, como retiros reinvertidos según declaración jurada 1821,

pero, solo por un monto de $2.911.005.322, y no los

$3.555.455.281, lo que evidentemente le permitió al contribuyente, por ser

además socio de ambas sociedades, tener conocimiento de que la diferencia

de $644.449.959, no era reinversión, debiendo entonces haberla incluido en su

declaración. Señalando finalmente en este punto, que no logrando acreditar el

contribuyente la reinversión que alega, es que la declaración de impuestos

presentada es maliciosamente falsa, pues adolece de falta de verdad al no

consignarse en ella, los ingresos que retiró a sabiendas de una sociedad de la

cual es socio.

Al concluir, pide se invalide el fallo, y se dicte el de reemplazo que

resuelva revocar el fallo de segunda instancia, y como consecuencia de ello

confirme la Liquidación N° 22, emitida por la Dirección Regional Metropolitana

Norte del Servicio de Impuestos Internos.

Segundo: Que la sentencia de primer grado, confirmada íntegramente

en alzada para acoger el reclamo interpuesto, razonó de la siguiente forma:

En el considerando octavo el sentenciador de primer grado, analiza la

normativa vigente a la fecha de la operación relativa a los retiros para

reinversión contenida en el artículo 14 letra A), N°1, letra C) de la Ley sobre

impuesto a la Renta; y la normativa relativa a los plazos de prescripción de la

facultad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, haciendo un

análisis y una explicación detallada de las normas aplicables, incluyendo la

Circular N° 73 del año 2001, del Servicio de Impuestos Internos.

En relación a lo anterior el motivo décimo del fallo, el Juez Tributario

señala los puntos de prueba que fueron materia del proceso probatorio, y los

requisitos que se señalaron en el motivo octavo para acogerse al beneficio de

la reinversión de utilidades.

En el motivo décimo primero, se establece como eje de la controversia

entre las partes, el cumplimiento de uno de los requisitos señalados en los

considerandos que lo preceden, cual es, el haberse realizado la reinversión

dentro de los 20 días siguientes aquel en que se efectuó el retiro. En este

punto el sentenciador señala, que a pesar de que el reclamante acompañó

antecedentes, certificados y testimonios de los hechos, no aportó ningún

respaldo contable que señale fecha cierta de los retiros, no bastando la prueba

aportada para su acreditación. Sobre este punto agrega el sentenciador de

primer grado, que en esta parte hay que tener presente que, en materia de

reinversión, y en particular respecto del requisito controvertido, es fundamental

que se pueda verificar, tanto en la contabilidad de la sociedad fuente, como en

la de la sociedad receptora, el retiro y posterior reinversión de los dineros,

debiendo para ello presentarse documentación contable de respaldo de ambas

sociedades, como son los Libros Diarios y Mayores, que permitan verificar las

fechas y montos correspondientes.

Señalando además, que la reclamante solo acompañó dicha

documentación de la sociedad receptora, no adjuntando antecedentes que

permitan verificar satisfactoriamente la fecha del retiro de los dineros indicados,

a pesar de haberse abierto un término probatorio al respecto.

Concluyendo en definitiva en el considerando décimo primero referido,

que no puede tener por acreditado el cuarto requisito establecido por la ley

para acogerse al beneficio de la reinversión establecido en el artículo 14 letra

A, N° 1, letra c) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, toda vez, que no

demostró con antecedentes suficientes que la reinversión se haya realizado

dentro de los 20 días siguientes a aquél en que se efectuó el retiro, por lo que

dicho punto de prueba no logró ser acreditado en autos.

Continua el fallo en el considerando décimo segundo, explicando, lo

relativo al segundo punto de prueba, en cuanto, a la efectividad del

cumplimiento de los requisitos legales para la aplicación del término

extraordinario de prescripción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 200

del Código Tributario, en cuanto a los antecedentes y circunstancias de hecho

que lo justifiquen. Señalando que para que el ente fiscal disponga de este

plazo, la norma exige que la declaración correspondiente no se hubiere

presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. Agregando en este

punto, que tal como se indicó en el considerando octavo, el SII ha regulado

esta materia en la Circular N° 73 del año 2001, donde ha expresado que,

determinar si se ha presentado o no la declaración y si ésta es o no

maliciosamente falsa, es una cuestión de hecho que se deberá resolver en

sentencia de primera instancia. Además la circular hace presente que los

fiscalizadores deberán fundar adecuadamente las liquidaciones o giros que

efectúen dentro de este plazo especial, acompañando los antecedentes de los

cuales se desprende o con los cuales se acredita la existencia de malicia o el

hecho de no haberse efectuado la declaración. Hace presente el fallo, en este

punto, que el contribuyente presentó su declaración de Impuesto a la Renta del

año tributario 2008 con fecha 9 de mayo de ese año, tal como consta en el acto

reclamado y en el F22, acompañado a fojas 71 de autos. De este modo, el

motivo esgrimido por el Servicio de Impuestos Internos para aplicar la

prescripción extraordinaria, tal como se señala en el acto reclamado, es que

esta sería maliciosamente falsa.

Por otra parte, el sentenciador señala en el considerando décimo

tercero, que para aplicar la prescripción extraordinaria por considerarse

maliciosamente falsa la declaración de impuestos, no basta que en la

declaración existan datos no verdaderos, sino que esta falsedad debe ser

maliciosa. Del mismo modo señala, ha razonado el Servicio de Impuestos

Internos en la Circular ya aludida. Continúa diciendo que la malicia consiste

básicamente en que el contribuyente deliberadamente haya decidido ocultar o

falsear la información contenida en su declaración, lo que debe ser acreditado

por el Servicio. Remitiéndose a lo que la circular N° 73 indica en esta parte

señalando : “Lo malicioso de la falsedad de la declaración debe ser acreditado

por el Servicio, toda vez que atendido los conceptos empleados por el

legislador, en principio, debe presumirse que los antecedentes contenidos en

una declaración que no se ajusten a la verdad se han debido a un error

involuntario del contribuyente, a su descuido o aún, a su negligencia, más no a

su mala fe.” Continúa señalando que de la lectura de la liquidación reclamada,

el Servicio de Impuestos Internos, ha fundamentado la malicia del

contribuyente en que éste habría omitido voluntariamente y a sabiendas la

declaración de sumas de dinero y/o bienes recibidos a título de retiros.

Acompañando solo a fin de justificar lo anterior, jurisprudencia del Tribunal

Tributario y Aduanero de la Región de Atacama, lo que a juicio del

sentenciador en nada sirven para acreditar la malicia de este contribuyente, a

pesar de que se trata de materias similares. Sobre lo anterior, refuerza,

diciendo que la malicia es una situación de hecho que debe ser probado por el

Servicio de Impuestos Internos a través de antecedentes que demuestren el

actuar consciente del contribuyente de omitir o falsear información.

Concluyendo así que a pesar de no haberse acreditado por el contribuyente la

totalidad de los requisitos para la aplicación del beneficio del retiro para invertir,

tampoco se demostró que el reclamante haya manipulado su declaración de

Impuestos. Argumentado, que de la revisión de la totalidad de los antecedentes

aportados y de las declaraciones de los testigos, considera que el

contribuyente no ha actuado de mala fe, sino que por el contrario actúo

considerando que había cumplido con los requisitos para poder acogerse al

beneficio de los retiros para reinversión, de modo que la eventual omisión se

debería a un desconocimiento o descuido, lo que en ningún modo constituye

malicia. Arribando de esta manera a la conclusión que la declaración de

impuestos del año tributario 2008 correspondiente a don Luis Juan Depetris

Deflorian no es maliciosamente falsa, de modo que no corresponde aplicarle la

prescripción extraordinaria. Señalando que el Servicio de Impuestos Internos

tenía plazo para ejercer sus facultades de fiscalización respecto de esta

declaración hasta el 30 de abril de 2011, por lo que habiéndose emitido la

liquidación el 25 de julio de 2014, y notificándose la Citación N° 22 el 29 de

abril del mismo año, declaró que dichos actos son inválidos, puesto que fueron

emitidos cuando el Servicio no contaba con la facultad en la que se sustentan,

ordenando eliminar todos los rubros de la liquidación reclamada.

Lo mismo reitera a propósito de la valoración de la prueba aportada de

acuerdo a las reglas de la sana crítica en el considerando décimo cuarto.

Tercero: Que el artículo 14 letra A N° 1 letra c) de la Ley sobre Impuesto

a la Renta dispone que: Las rentas que se determinen a un contribuyente

sujeto al impuesto de la primera categoría, se gravarán respecto de éste de

acuerdo a las normas del título II.

Para aplicar el impuesto global complementario o adicional sobre las

rentas obtenidas por dichos contribuyentes se procederá de la siguiente forma:

A) Contribuyentes obligados a declarar según contabilidad completa.

1°.- Respecto de los empresarios individuales, contribuyentes del

artículo 58, número 1°, socios de sociedades de personas y socios

gestores en el caso de sociedades en comanditas por acciones.

c) Las rentas que retiren para invertirlas en otras empresas obligadas a

determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa con arreglo a

las disposiciones del Título II, no se gravarán con los impuestos global

complementario o adicional mientras no sean retiradas de la sociedad que

recibe la inversión o distribuidas por ésta. Las inversiones a que se refiere esta

letra sólo podrán hacerse mediante aumentos efectivos de capital en empresas

individuales, aportes a una sociedad de personas o adquisiciones de acciones

de pago, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se efectúo el

retiro. Los contribuyentes que efectúen las inversiones a que se refiere esta

letra, deberán informar a la sociedad receptora al momento en que ésta perciba

la inversión, el monto del aporte que corresponda a las utilidades tributables

que no hayan pagado el Impuesto Global Complementario o Adicional y el

crédito por Impuesto de Primera Categoría, requisito sin el cual el inversionista

no podrá gozar del tratamiento dispuesto en esta letra.

Como se advierte, para acceder al beneficio establecido en el precepto

en comento, se requiere: a) Que los retiros de rentas destinados a reinversión

se efectúen desde contribuyentes obligados a determinar renta efectiva según

contabilidad completa; b) Que las rentas retiradas se reinviertan en empresas

obligadas a determinar renta efectiva según contabilidad completa con arreglo

a las disposiciones del título II de la Ley sobre Impuesto a la Renta; c) Que las

rentas retiradas se reinviertan en el plazo de 20 días; d) Que las rentas

retiradas se reinviertan en aumentos efectivos de capital en empresas

individuales o en aportes a una sociedad de personas o adquisiciones de

acciones de pago; y e) Que los contribuyentes que efectúen las inversiones

informen a la sociedad receptora al momento en que ésta perciba la inversión,

el monto del aporte que corresponda a las utilidades tributables que no hayan

pagado el impuesto global complementario o adicional.

De estos extremos, el Servicio ha cuestionado la existencia misma de la

reinversión, así como que se haya realizado dentro de veinte días de hecho el

retiro y que el contribuyente que efectuó la reinversión hubiese informado a la

sociedad receptora en el momento en que percibió la inversión.

Cuarto: Que de acuerdo a lo que establece el artículo 200 del Código

Tributario, el plazo de que dispone el Servicio de Impuestos Internos para

liquidar, revisar cualquier deficiencia en la liquidación o girar impuestos, es de

tres años, el que amplía a seis en caso de no presentación de declaraciones de

Impuestos, estando obligado a ello, y en el caso de declaraciones

maliciosamente falsas, ambos extendidos en tres meses si hubiese existido

citación y si hubo prorroga, se amplía también por el tiempo de ésta.

Quinto: Que, por lo razonado en los considerandos octavo a décimo

cuarto del fallo de primer grado ya reproducidos, la sentencia impugnada

concluyó en el fundamento décimo primero que no se acreditó que la

reinversión se haya consumado dentro de los 20 días corridos siguientes al

retiro. Para ello, se valoró la prueba documental presentada por éste,

especialmente la Escritura Pública, de fecha 21 de diciembre de 2007, que

modificó el capital social de la sociedad denominada “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hermanos Limitada”, así como copia de los traspasos bancarios efectuados en

el mes de enero de 2007, no siendo posible a juicio del tribunal, asociar dichos

traspasos con una disminución del capital, toda vez que el retiro y la

reinversión se habría realizado en el mes de diciembre del mismo año, es

decir, 11 meses después de efectuadas las transferencias, por lo que no se

acreditó que la reinversión se hubiese efectuado dentro del plazo que

perentoriamente señala la Ley.

Sexto: Que, en cuanto a la malicia, la sentencia en sus considerandos

décimo segundo y décimo tercero señala que de acuerdo a la normativa

vigente, haciendo alusión expresa a la Circular N° 73 del Servicio de Impuestos

Internos, corresponde a éste acreditar que el contribuyente haya manipulado

su declaración, lo que concluye que no fue posible atendido que solo se aportó

prueba consistente en jurisprudencia de un caso similar, pero respecto de otro

contribuyente.

Aclarado lo anterior, cabe ahora hacerse cargo de cada uno de los

reproches que el recurrente imputa a la sentencia en examen.

Séptimo: Que, en lo concerniente a la contravención al artículo 200

inciso 2° del Código Tributario, en relación a los artículos 14, 52 y 54 de la Ley

sobre Impuesto a la Renta, el recurrente cuestiona que a pesar de no haberse

acreditado por el contribuyente la totalidad de los requisitos para la aplicación

del beneficio del retiro para reinvertir, se señala en el mismo fallo, que tampoco

se ha demostrado que el reclamante haya manipulado su declaración de

impuestos, por lo que no aplica el inciso 2° del artículo 200 del Código

Tributario, estableciendo que se encuentra prescrita la acción fiscalizadora del

Servicio.

Sobre este punto, esta Corte ha declarado que el artículo 200 del Código

Tributario es una norma de carácter excepcional, y como tal debe ser aplicada

restrictivamente. En consecuencia, resulta fundamental que quien la presente

ya intervenido en la falsedad que se reprocha o que a lo menos tenga un

conocimiento de tales irregularidades y un aprovechamiento de ellas en sus

propias declaraciones (SCS Rol N° 2828-2010 de 16 de enero de 2013, Rol N°

2741-2013 de 25 de noviembre de 2013, Rol 1619-2014 de 29 de enero de

2015 y Rol N° 25.118-4 de 30 de septiembre de 2015). Igualmente, se ha

sentenciado que para que las irregularidades detectadas conduzcan al plazo

de prescripción de seis años, se precisa de malicia, vale decir, que lo declarado

al ente fiscalizador sea producto de un acto voluntario del contribuyente, que lo

declarado no se ajuste a la verdad (SCS Rol N° 32330-14 de 3 de diciembre de

2015 y Rol N° 29.689-14 de 7 de diciembre de 2015).

Lo anterior también es el criterio del Director del Servicio de Impuestos

Internos, al dictaminar en el punto 3.8 de la Circular N° 73 de 11 de octubre de

2001, como se dijo en el fallo de primera instancia, al señalar, que para los

fines del artículo 200 del Código Tributario no basta que en la declaración de

que se trate existan datos no verdaderos, sino que además, se requiere que

esta falsedad sea maliciosa, es decir, que sea producto de un acto consciente

del declarante, quien supo o no pudo menos que saber que lo declarado no se

ajusta a la verdad.

Pues bien, así entendido el concepto malicioso, no logró ser acreditado,

por quien debía hacerlo, según señala el tribunal, afirmando en el considerando

décimo tercero lo que ya se expuso.

Octavo: Que, en lo relativo a la infracción al artículo 21 del Código

Tributario en relación al inciso 2° del artículo 200 del mismo cuerpo legal, en

efecto, de conformidad al artículo 21 del Código Tributario, correspondía al

contribuyente acreditar la existencia de la reinversión en el período señalado,

carga que la sentencia tiene por no cumplida, pero que como se dijo en el

considerando que antecede la malicia del contribuyente no logró ser acreditada

por el Servicio, por lo que corresponde aplicar el inciso 1° del artículo 200 del

Código Tributario, y en razón de ello, la acción ejercida por el Fisco se

encuentra prescrita, por lo que los jueces del grado al decidir como lo hicieron,

no incurrieron en el error de derecho enunciado.

Noveno: Que, conforme ya se consignó precedentemente, los jueces de

la instancia, al confirmar el fallo de primera, asentaron como presupuesto que

en base a los antecedentes que obran en el proceso, que si bien pese a no

haberse acreditado por el contribuyente la totalidad de los requisitos para la

aplicación del beneficio del retiro para reinvertir, tampoco se demostró que el

reclamante haya manipulado su declaración de impuestos. Asimismo, se

estableció en el fallo del Juez Tributario, confirmado íntegramente por el fallo

de segunda, del cual se recurre de casación, que de la revisión de los

antecedentes aportados y de las declaraciones de los testigos el contribuyente

no actuó de mala fe, sino que por el contrario actúo considerando que había

cumplido con los requisitos para poder acogerse al beneficio de los retiros

para reinversión, de modo que la eventual omisión se debería a un

desconocimiento o descuido, lo que en ningún modo constituye malicia.

Décimo: Que, considerando el presupuesto fáctico antes reseñado, los

sentenciadores de alzada confirmaron lo resuelto por el a quo que, a su vez,

acogió el reclamo deducido por el contribuyente, en cuanto, no procedía la

aplicación del inciso 2° del artículo 200 del Código Tributario, y por ende la

acción fiscalizadora del Servicio se encontraría prescrita.

Undécimo: Que, se advierte que el recurso se construye sobre la base

de sostener un hecho distinto al establecido en la sentencia, esto es, afirmar

que el reclamante no demostró el cumplimiento de los requisitos legales de la

reinversión, para poder hacer uso del beneficio tributario objetado, por lo que

su actuar fue malicioso y de esa manera, el Servicio, tendría el plazo especial

para efectuar la fiscalización establecido en el artículo 200 inciso 2° del Código

Tributario.

En tal sentido no debe olvidarse que el recurso de casación en el fondo

tiene por objeto velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas

llamadas a dirimir la controversia, con el objeto de que este tribunal pueda

cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la Ley. De la

misma manera, es necesario también tener en cuenta que esta Corte ya ha

señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede instancia, la revisión de

los hechos asentados en el juicio y que determinan la aplicación de las normas

sustantivas dirigidas a dirimir lo debatido no es posible, salvo que se denuncie

que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado de las

normas reguladoras de la prueba, cosa que el recurrente nada señala en su

arbitrio.

Duodécimo: Que, a la luz de lo expuesto resulta imprescindible dejar

establecido que para que prospere un recurso en que se postulan hechos

diversos a los de autos, se debe denunciar y demostrar la efectiva infracción de

las leyes reguladoras de la prueba, situación que en la especie no ha ocurrido,

pues el recurso, que contrarresta el hecho establecido de que no hubo malicia

en el contribuyente, cita normas legales sin la debida amalgama de las mismas

con los hechos de la causa, en términos tales que permitiera a través de dicha

mixtura llegar a concluir que la sentencia fijó los hechos al margen de las

disposiciones que regulan la prueba. En otras palabras, el recurrente debió

invocar la contravención a las leyes reguladoras de la prueba, deber que

omitió.

Décimo Tercero: Que, de esta manera, resulta forzoso concluir que el

recurso es insuficiente para los fines propuestos, al tenor de lo que impone el

artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que al amparo de lo

expuesto y al no haberse demostrado la existencia de errores de derecho con

influencia sustancial en lo resuelto, debe ser necesariamente desestimado.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 145 del Código Tributario,

764, 774 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, con costas, el

recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 321, por la

abogado doña Bárbara Ritter Traub, en representación del Servicio de

Impuestos Internos, en contra de la sentencia de dieciséis de febrero de dos

mil diecisiete, escrita a foja 317.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados en su caso.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller.

Rol N° 16.619-2017

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Carlos

Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., el Ministro Suplente Sr. Rodrigo Biel

M., y los Abogados Integrantes Sres. Diego Munita L., y Antonio Barra. No

firman los Abogados Integrante Sres. Munita y Barra, no obstante haber estado

en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.