Santiago, cinco de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su libelo, ha deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de esta ciudad, que rechazó el reclamo tributario interpuesto en contra de la Resolución Exenta N°315000000549, de 4 de abril de 2014, de la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, rechazando la excepción de prescripción y confirmó en lo apelado en relación a la solicitud de devolución contenida en su declaración anual de impuesto a la renta, Formulario 22, Folio N°239921513, correspondiente al año tributario 2013, por un total de $38.606.382.-, por concepto de pagos provisionales por utilidades absorbidas (PPUA).

Segundo: Que por el recurso de casación en el fondo se denuncia la infracción a lo dispuesto en los artículos 8 N° 1 del Pacto de San José de Costa Rica; 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República; 24 inciso 2° y 201 del Código Tributario.

Expone básicamente el recurrente que la sentencia impugnada incurre en tal infracción ya que entre la notificación del acto reclamado el 14 de abril de 2014 y la la notificación de la Sentencia Definitiva el 24 de agosto de 2020, transcurrieron más de 6 años, transgrediendo el pacto de San José, aplicable por el artículo 5 inciso segundo mencionado, y que asegura un debido proceso, superando la suspensión ese lapso, del que tratan los artículos 200 y 201 antes referidos.

Añade que el argumento dado por la recurrida, relativo a la suspensión de la prescripción, es errado por haberse excedido el plazo incluso de la prescripción extraordinaria, sin que haya ningún trámite ni siquiera excepcional que lo permita, y que al no fiscalizarse el formulario 22 en que solicitó la devolución, no se efectuó modificación alguna al resultado tributario declarado, lo que a la fecha no podría enmendarse por efecto de la mentada prescripción.

Con lo que se habría dado una solución jurisdiccional a la disputa, contraria a derecho.

Tercero: Que no obstante lo anterior, para una adecuada comprensión del asunto, es conveniente precisar que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la excepción de prescripción opuesta en segunda instancia fundada en que la resolución reclamada, y que rechazó en todas sus partes la solicitud de devolución por concepto de Pago Provisional por Utilidades Absorbidas, fue notificada al reclamante el 14 de abril de 2014 (considerando 3°), y que el 2 de agosto de ese año este último interpuso el reclamo tributario, dictándose fallo el 18 de agosto de 2020, pero que el 6 de febrero de 2019 la misma recurrente apeló del auto de apertura, concediéndose sólo en lo devolutivo y resolviéndose el 24 de enero de 2020, iniciándose el 26 de ese mes y año un período de cuarentena en que el

Tribunal Tributario y Aduanero cerró sus puertas, situación prevista en el artículo 201 en relación al 24 inciso 2°, ambos del Código del ramo, concluyendo al igual que el Tribunal Tributario, que el plazo en comento se suspendió al interponerse reclamo del contribuyente el 2 de agosto de 2014. Luego, confirmó la sentencia de primera instancia, compartiendo sus fundamentos.

Cuarto: Que conviene tener presente que las alegaciones de la recurrente se centran en la excepción de prescripción planteada y que produce efectos en la petición de devolución efectuada, no habiendo discutido que planteó reclamación y apelación conforme a lo sostenido por la sentencia recurrida, además del impedimento aludido en dicho pronunciamiento.

De manera que en el arbitrio no se vislumbra ninguna denuncia a la infracción a la sana crítica y menos aún a alguno de los principios que la componen, que tenga sustento en el mérito del proceso, razones que hacen de suyo que el libelo contenga un vicio que haga imposible que sea acogido a tramitación.

Quinto: Que de una atenta lectura del recurso, amén de la transcripción de las normas que entiende infringidas así como las que entrelaza con disposiciones de diferentes cuerpos normativos para poder entender a su juicio configurados los errores de derecho que denuncia, lo cierto es que el recurrente manifiesta más que nada su disconformidad con lo resuelto, no llevando a cabo un desarrollo en los términos del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a la vulneración a los preceptos legales que entiende infringidos; lo que constituye una razón adicional que permite el rechazo del recurso en cuenta, por manifiesta falta de fundamento.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de

Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo, en contra de la sentencia de cinco de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de

Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Rol Nº 32.288-2022.