Santiago, veinte de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos:

En los autos Rol Nº 9305-17 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación tributaria iniciado por la contribuyente xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chile S.A, sociedad del giro de Exploraciones Geológicas para Terceros, por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil quince, escrita a fojas 148, se negó lugar al reclamo, confirmándose la Resolución Exenta N°66 de 26 de abril de 2012, emitida por el Director Regional de la XIV Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, que determinó no dar lugar a la devolución de $167.097.817 por concepto de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas, solicitado por la Sociedad en su declaración de Impuesto a la Renta del año tributario 2011.

Apelada dicha decisión por la reclamante, la Corte de Apelaciones de Santiago, la confirmó mediante resolución de once de enero de dos mil diecisiete, escrita a fojas 215, pronunciamiento contra el cual la misma parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo en lo principal de fojas 217, el que fue ordenado traer en relación a fs. 255.

Considerando:

Primero: Que por el recurso de casación en el fondo se denuncia -en un

primer capítulo- la falsa aplicación de los artículos 345, 346 y 347 del Código

de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 21 y 148 del Código

Tributario y 31 N°3, 96 y 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Indica el reclamante que la sentencia recurrida rechazó el reclamo

interpuesto por la contribuyente, no obstante haberse acompañado los

antecedentes que acreditan las partidas cuestionadas por el Servicio, en

español. Agrega que no resultan aplicables las normas del Código de

Procedimiento Civil, sino las del Código Tributario, pues la remisión al Libro I

del primer mencionado cuerpo legal es limitado, conforme lo establece el

artículo 148 del Código Tributario y en éste no se encuentran las citadas por la

sentencia para dirimir la contienda. Explica que además se pretende utilizar un

precepto legal establecido para los instrumentos públicos, siendo que los

documentos acompañados son instrumentos privados. Finaliza señalando que

el Fisco de Chile, en segunda instancia, no alegó la falsedad o integridad de los

documentos incorporados en idioma inglés y tampoco solicitó su traducción.

Así las cosas, concluye haber aportado documentación para respaldar las

partidas cuestionadas por el Servicio, quien desconoció el mérito probatorio de

la misma. Afirma, como consecuencia de lo anterior, que los sentenciadores

omitieron aplicar los artículos 21 del Código Tributario y 31 N°3, 96 y 97 de la

Ley sobre Impuesto a la Renta, que debieron regir el conflicto, omitiendo la

valoración de los antecedentes contables de la contribuyente, que daban

cuenta de un goodwill y en razón de ello de una pérdida tributaria y el derecho

a la devolución pedida.

Por otra parte -en un segundo capítulo- denuncia la contravención formal

de los artículos 59 y 200 del Código Tributario, en relación con los artículos 31

N°3, 96 y 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pues si bien la autoridad se

pronunció rechazando la solicitud de devolución de Pagos Provisionales por

Utilidades Absorbidas presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxx S.A, no fiscalizó, dentro del

término de tres años, las diferencias de impuesto producto de la negativa de

aceptar el goodwill invocado. Así las cosas, la pérdida declarada por el

contribuyente se consolidó.

Finaliza señalando que de no haberse producido las infracciones

reseñadas se habría concluido que se acreditó fehacientemente la procedencia

del derecho a devolución que se generó por Pagos Provisionales por Utilidades

Absorbidas, por lo que solicita se acoja el arbitrio interpuesto, se invalide la

sentencia cuestionada y se dicte una de reemplazo que otorgue la devolución

solicitada.

Segundo: Que, para una adecuada comprensión del asunto, es

conveniente precisar que el Director Regional de la XIV Dirección Regional

Metropolitana Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, emitió la

Resolución N° EX 66 de 26 de abril de 2012, por la cual rechazó la devolución

de $167.097.817 por concepto de Pagos Provisionales por Utilidades

Absorbidas solicitada por la contribuyente en su declaración de Impuesto a la

Renta correspondiente al año tributario 2011, que proviene de la pérdida

declarada de $2.765.530.228, producto de la fusión impropia entre la sociedad

xxxxxxxxxxxxxxxx y la contribuyente, que generó el reconocimiento de un

goodwill tributario y determinó la individualizada pérdida.

La actuación del fiscalizador se funda en el hecho que “la

documentación aportada por el contribuyente resultó ser insuficiente, sin dejar

de mencionar que entre todos los antecedentes se acompañaron instrumentos

extendidos en lengua extranjera, sin su debida legalización y traducción,

conforme los artículos 345, 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil, por

tanto no es posible tener por acreditada la pérdida tributaria y la correcta

determinación de los Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas, ambos

declarados en el Año Tributario 2011”.

Tercero: Que, en lo que interesa al recurso, al confirmar los

sentenciadores el fallo de primer grado, hicieron suyas las consideraciones que

allí se establecen, resultando relevante lo razonado en el considerando décimo

segundo que indica: “Que, de los antecedentes de autos es dable señalar que

si bien la reclamante acompañó en esta instancia, entre otros, los documentos

indicados en el considerando sexto, para acreditar la pérdida del ejercicio, la

determinación del goodwill y la procedencia del Pago Provisional por Utilidades

Absorbidas, instrumentos privados en lengua extranjera sin la debida

legalización y traducción, conforme a lo dispuesto los artículos 345 tres 46 y

tres 47 del Código de Procedimiento Civil”.

Por su parte, el motivo décimo tercero concluye que “los antecedentes

acompañados por la reclamante son insuficientes para determinar de forma

clara y fehaciente, la perdida tributaria del ejercicio, en especial la partida que

tiene relación con la determinación de goodwill, generada por la diferencia

entre el precio pagado y el costo tributario al adquirir el 100% de la propiedad

de xxxxxxxxxxxxxxxxx y la procedencia de la devolución solicitada por

concepto de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas, en la declaración

anual de impuestos a la renta formulario 22, folio 98345131”.

Cuarto: Que, de lo anterior se colige que los jueces de la instancia,

para decidir lo debatido, han asentado como presupuesto fáctico que la

sociedad reclamante no acreditó cumplir los requisitos para tener derecho a la

devolución por Impuesto de Primera Categoría pagado sobre las utilidades que

han resultado absorbidas por las pérdidas tributarias del año 2010, al no haber

justificado con los antecedentes acompañados el resultado negativo que

declara.

Quinto: Que, el argumento de fondo tenido en cuenta para

desestimar el reclamo formulado consiste en el hecho que la reclamante tributa

en base a renta efectiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del

Código Tributario, su acreditación deberá hacerla mediante contabilidad

fidedigna y, según lo dispone el artículo 21 del mismo cuerpo legal, pesa sobre

el contribuyente la carga de la prueba respecto de la verdad de sus

declaraciones, aspecto que en la especie no se tuvo por satisfecho.

Sexto: Que, además, el recurso se construye sobre la base de

sostener un hecho distinto al establecido en la sentencia, cual es, el afirmar

que el contribuyente ha demostrado las partidas cuestionadas por el Servicio.

En tal sentido, no debe olvidarse que el recurso de casación en el

fondo tiene por objeto velar por la correcta interpretación y aplicación de las

normas llamadas a dirimir la controversia, con el objeto de que este tribunal

pueda cumplir con la función uniformadora del derecho asignada por la ley. De

la misma manera, es necesario también tener en cuenta que esta Corte ya ha

señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede instancia, la revisión de

los hechos asentados en el juicio y que determinan la aplicación de las normas

sustantivas dirigidas a dirimir lo debatido no es posible, salvo que se denuncie

que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado del onus

probandi legal, han admitido medios de prueba excluidos por la ley o han

desconocido los que ella autoriza, o que se ha alterado el valor probatorio

fijado por la ley a las probanzas aportadas al proceso.

Séptimo: Que, a la luz de lo expuesto resulta imprescindible dejar

establecido que para que prospere un recurso en que se postulan hechos

diversos a los dela controversia, se debe denunciar y demostrar la efectiva

infracción de las leyes reguladoras de la prueba, situación que en la especie no

ha ocurrido, para lo cual basta sólo dar lectura al recurso que presenta las

infracciones de ley que sustentan la casación sustancial que denuncia,

limitándose a realizar afirmaciones relativas a sostener acreditada la

devolución por él solicitada y a dar por sentada la pérdida tributaria que

informa.

En tal sentido útil resulta reproducir el artículo 21 del Código Tributario

el cual establece que: “Corresponde al contribuyente probar con los

documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en

cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o

la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir

para el cálculo del impuesto”.

Del tenor del precepto transcrito fluye con claridad que, por una

parte, la carga de prueba es del contribuyente pero, por otra, la calificación de

la capacidad persuasiva de tales elementos corresponde a los jueces del

fondo, por lo que la voz “suficiente” sólo alude al proceso de valoración de los

antecedentes probatorios aportados, que es asignado privativamente a los

jueces de la instancia. No se advierte en la disposición en comento, entonces,

la imposición de un mandato al sentenciador en orden a atribuir el mérito que la

parte estime procedente a la documentación acompañada, por cuanto tales

elementos, libres de reproche, deberán ser analizados por los jueces a través

del proceso propio de valoración que le es privativo, respecto del cual este

tribunal carece de atribuciones para cuestionar, salvo que se reúnan en la

especie las excepcionales condiciones que se describen en el motivo que

precede.

De esta manera resulta que el arbitrio denuncia una supuesta

infracción de las leyes reguladoras de la prueba, cuando en esencia lo que

postula es una ponderación diversa de la prueba rendida, toda vez que la

efectuada en la sentencia que se ataca se funda en la insuficiencia de los

mecanismos de acreditación hechos valer por el contribuyente - entre los que,

entre otros, se encuentran los citados por la contribuyente como fundamento

de su arbitrio- a quien le corresponde soportar la carga de la prueba conforme

lo preceptúa el tantas veces citado artículo 21 del Código Tributario.

Octavo: Que, en lo que dice relación con las normas del Código de

Procedimiento Civil denunciadas como infringidas en el recurso, basta señalar

que no tienen en la especie el carácter de decisiorio litis puesto que, según se

explicó precedentemente, la razón de los jueces de la instancia para rechazar

la devolución de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas, se fundó en la

falta de acreditación de la pérdida invocada por el reclamante, lo cual carece

de nexo con las mencionadas disposiciones, el artículo 31 Nº 3 que permite

deducir de la renta líquida las pérdidas por utilidades absorbidas, y; los

artículos 96 y 97 que autoriza la devolución de las mismas en la declaración

anual de impuestos.

Noveno: Que, de esta manera, resulta forzoso concluir que el recurso

es insuficiente para los fines propuestos, al tenor de lo que impone el artículo

767 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que al amparo de lo expuesto

y al no haberse demostrado la existencia de errores de derecho con influencia

sustancial en lo resuelto, debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, lo dispuesto en los artículos 764,

765, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 145 del Código Tributario,

se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado don

xxxxxxxxxxxxxxxx, en representación de xxxxxxxxxxxxxxxxx S.A, contra la

sentencia de once de enero de dos mil diecisiete, escrita en lo principal de fojas

215, con costas.

Acordada la condena en costas con el voto en contra de los Ministros

Sres. Dolmestch y Künsemüller, quienes fueron del parecer de eximir al

recurrente de dicha carga, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese y devuélvase.

Redacción al cargo del Ministro Sr. Künsemüller.

Rol N° 9305-17.