C.A. de Santiago

Santiago, siete de agosto de dos mil veinte.

Proveyendo los escritos folios 47, 48 y 49: a todo, téngase presente.

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de las siguientes

enmiendas generales, sin perjuicio de lo que se indicará en lo resolutivo:

a) Se elimina el guarismo “uno” en foja 493.

b) Se sustituye el guarismo “Décimo Tercero”, por “Décimo” en fojas

510.

c) Se elimina la expresión “Visto y” consignado en fojas 510.

d) Se sustituyen los guarismos “Décimo primero” y “Décimo segundo”,

por “Undécimo” y “Duodécimo”, consignados en fojas 511 vta.

e) Se elimina, por redundante, el párrafo segundo, del motivo décimo

quinto.

f) Se elimina la frase que comienza “habiéndose expresado las razones

jurídicas” hasta “ordenamiento jurídico vigente”, contenida en el motivo

vigésimo cuarto.

g) Se elimina la expresión “la respuesta del imputado, tendiente a

rechazar los cargos imputados, la reiteración de conducta en el aumento

indebido del crédito fiscal, antecedentes aportados”, consignada en el párrafo

final de fojas 516.

h) Se sustituye en todas las partes del fallo en que se refiere a la

contribuyente como “imputado”, por “denunciada”.

Y se tiene, además presente:

Primero: Que, en relación con la documentación acompañada por la

denunciada en su escrito de fojas 546, conviene precisar que las copias de

cheques acompañadas respecto de los supuestos proveedores Wilson

Maldonado Rojas y Luis González Olate, no tienen la entidad suficiente para

permitir alterar la decisión adoptada. Lo mismo ocurre respecto de las

cartolas que darían cuenta de las transferencias de fondos realizadas al

proveedor Joel Guerra Soto. En efecto, del simple ejercicio de contraste de

los montos consignados en los cheques y las facturas que le sirvieron de

antecedente, se puede advertir que los documentos de pago fueron

extendidos, de manera muy irregular, ya que se separaron los valores netos

con el importe del IVA, situación del todo anormal en una transacción regular

entre comerciantes.

Otro aspecto que no se puede pasar por alto, es el hecho que el inciso

2° del N°5° del artículo 23 del D.L. 825 establece que no se aplicarán los

requisitos relativos a la documentación sustentatoria del crédito fiscal cuando

el pago de la factura se haga dando cumplimiento, entre otros al requisitos de

haber anotado por el librador al extender el cheque o por el banco al extender

el vale vista, en el reverso del mismo, el número del rol único tributario del

emisor de la factura y el número de esta. En el caso de transferencias

electrónicas, esta misma información, incluyendo el monto de la operación, se

debe registrar en los respaldos de la transacción electrónica del banco.

Nada de ello se probó y la prueba rendida en esta instancia no

satisface las exigencias legales antes anotadas, sino que da cumplimiento

parcial y anómalo a dichas exigencias, tanto por el pago segmentado de las

facturas, como por no acreditar el cumplimiento al reverso del cheque de los

requisitos impuestos por el legislador.

Segundo: Que, en relación con los requisitos de forma para tener

derecho al crédito fiscal se necesitan, cumplir, entre otros, con los siguientes:

1. Con las formalidades del documento, conforme al N°1 del artículo

23 y 25 del D.L. N°825, los que se cumplen en la especie.

2. La efectividad material de las operaciones. En este punto, es

menester acreditar y justificar ante el órgano fiscalizador, la efectiva

prestación del servicio contratado.

En la especie, la denunciada no ha logrado satisfacer esta exigencia,

por cuanto no pudo acreditar la prestación real de los servicios de sus

supuestos proveedores, desde que nunca pudieron justificar la existencia de

trabadores que hayan prestado sus servicios, bajo vínculo de subordinación y

dependencia. Al efecto, no se acompañó ni un solo contrato de trabajo que

estableciera las funciones, jornada de trabajo y lugar donde se prestarían los

servicios. Tampoco ninguna liquidación de sueldo, planilla de cotización

previsional y finiquitos respecto de los dependientes de los proveedores que

hayan prestado sus servicios en el período consignado en las facturas

respectivas. Asimismo, no se emitieron las declaraciones juradas respectivas

que dieran cuenta ante el órgano fiscalizador impositivo, de la efectividad de

la contratación de dichos dependientes, lo que pone de manifiesto la falsedad

de las declaraciones consignadas en las facturas respectivas.

Tercero: Que, basta recurrir a las normas del derecho laboral para

demostrar la falsedad absoluta de los servicios contratados por estos

supuestos proveedores. En efecto, la Constructora El Alba Ltda. ha señalado

que prestó sus servicios para el “Serviu”, la que sería su mandante y por

ende, la contribuyente denunciada su contratista. En consecuencia, los

proveedores cuestionados tendrían la naturaleza jurídica laboral de

subcontratistas.

En este punto y teniendo presente las exigencias que ordinariamente

requiere todo órgano del Estado que encarga el desarrollo de una obra o

faena, es indudable que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones

contenidas en el artículo 183 C del Código del Trabajo, norma que dispone:

“La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada

por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a

sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan

los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los

contratistas respecto de sus subcontratistas”.

El inciso 3° de la norma en estudio establece que: “En el caso que el

contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento

íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la

empresa principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de

aquél o aquéllos, el monto de que es responsable en conformidad a este

Párrafo. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus

subcontratistas. Si se efectuara dicha retención, quien la haga estará

obligado a pagar con ella al trabajador o institución previsional acreedora”.

Este derecho de información y retención, debió haber sido ejercido por

la entidad mandante o empresa principal y para ello, no se ha desplegado

ninguna actividad probatoria que demuestre dichas circunstancias, lo que

habría acreditado la efectiva contratación de este personal sub contratado.

Nada de ello se probó, pese a que en el normal desarrollo de las

actividades de las empresas constructoras, estas exigencias son el pilar

fundamental de su funcionamiento, dado que la empresa principal tiene la

potestad suficiente para suspender o retener los estados de pagos, cuando

no se acredita el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales, tanto de su

contratista, como de los subcontratistas.

Las razones antes señaladas no son más que el fiel reflejo de una

normal relación contractual con un servicio del Estado, quien se rige,

irrestrictamente, por el principio de legalidad y por cierto, debió haber exigido

el cumplimiento íntegro de la normativa laboral.

Es por ello que esta Corte puede concluir que ningún extraño pudo

haber ingresado a las obras fiscales si no mantenía un vínculo laboral real

con la contribuyente o sus subcontratistas, si existieron realmente. Y nada de

ello se probó. Lo anterior, es una conclusión que se extrae de la aplicación y

obligatoriedad de los preceptos laborales antes citados, junto con las

máximas de la experiencia.

Cuarto: Que, la prueba rendida en segunda instancia sólo pretende

salvar, de manera también irregular, un solo aspecto de la relación comercial

y tributaria entre la contribuyente denunciada y sus supuestos proveedores,

esto es, el pago de los servicios, pero olvida que el cuestionamiento de fondo,

dice relación con la inexistencia y falsedad de las declaraciones contenidas

en las facturas impugnadas por el Servicio, objeción respecto de la cual

existen, además, de las falencias probatorias anotadas por el sentenciador

del grado, las que en esta sentencia se resaltan y ponen de manifiesto la

inexistencia real de los servicios contratados, lo que conlleva al rechazo del

recurso intentado por absoluta insuficiencia probatoria.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo

dispuesto en los artículos 140 y siguientes del Código Tributario, se confirma

la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el

Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, se observa al Juez a quo, la existencia de

errores ortográficos y gramaticales que contiene la sentencia, debiendo ser

más cuidadoso en la redacción de sus futuras resoluciones.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Tributario y Aduanero-200-2019.