Santiago, cinco de abril de dos m il veinticuatro.

Vistos:

En estos autos RUC 21 - 9 - 0000504 - 6, RIT GR-15-00084-2021, el Primer Trib un al Tributario y A d u a n ero de la Región Metropolitana, acogió la acción de nulidad de derecho público - por inexistencia de hecho gravado - , interpuesta por la sociedad SS., dejando sin efecto la Citación Nro.00, de 13 de n o vi e m bre de 2019, y las Liquidaciones N ro s . 00 y 000, a m ba s de 29 de s eptie m bre de 2020, dictadas por la Dirección de G ra n de s C o n trib u ye n te s del Servicio de I m p u e s to s Internos, en virtud de las cuales se h abía deter m i n ado aplicable el I m p u e s to Específico a la Actividad Minera (IEAM), para lo s año s tributarios 2017 y 2018, referido a la explotació n de litio y sus efectos en la deter m i n ació n del I m p u e s to de Primera Categoría y en el Fo n do de Utilidades Tributables. El m o n to deter m i n ado para el i m p u e s to ascendía a US$00. Contra dicho fallo el Servicio de I m p u e s to s I n ter n o s ded u ce recurso de casación en la fo r m a y, en su b s idio, apelació n . A folio 34, se trajeron los a u to s en relació n para conocer de a m bo s recursos.

I. - Respecto del recurso de casación en la forma

a. - Primera causal:

Primero: Que el Servicio de I m p u e s to s I n terán o s i nv oca co m o pri m era causal de nu lidad, la co n te m plada en el artículo 768 Nro.5 del C ódi g o de P rocedi m ie n to Civil, en relación con el num eral 4 del artículo 170 del m i sm o cuerpo n or m ati v o, ar gu ye n do q u e el fallo ha sido pro nun ciado con o m i s ió n de las consideraciones de hecho y de derecho q u e le sirven de fun da m e n to porq u e se realiza en éste una m era de s cripció n de lo s ar gum e n to s s o s te n ido s por la actora y transcripciones parciales de las testimoniales, así co m o un re sum e n de los ar gum e n to s de la de m a n dada, pero sin un análisis razo n ado q u e sustente las a fi r m acio n e s del libelo de nulidad; y, ade más , en lo q u e califica co m o “o m i s ió n absoluta” de la tesis de fiscalización co n te n ida en los actos recla m ado s y su fun da m e n tació n y, có m o ellos, co n j un ta m e n te con lo s ar gum e n to s fiscales contra la de m a n da, serían carentes de le g alidad, errado s , f al s o s o insuficientes, al punto de h aber sido rec h azado s .

Explica q u e los actos administrativos objeto del juicio establecen q u e la de m a n da n te debe ser considerada co m o un explotador m i n ero respecto del litio q u e extrae en virtud de los contratos celebrados con CO RF O , en relación con las de pertenencias inscritas antes del año 1979, por lo q u e el litio explotado por SS. constituiría una sustancia m i n eral co n ce s ible, de acuerdo a lo establecido en el inciso s e gun do del artículo 5° del Decreto Ley Nro.2886, de 1979.

Entiende q u e dicha n or m a exceptúa de la declaración de inconcesibilidad el mineral existente en las pertenencias co ns tit u ida s sobre litio o s obre c u alq u iera de las sustancias del inciso pri m ero del artículo 3° del Código de Minería, q u e a la fecha de p u blicació n de ese decreto ley tuvieren su acta de m e nsu ra inscrita, se hallaren vigentes y cuya m a n i fes tació n haya q u edado inscrita antes del 1 de enero de 1979 -lo q u e acontece respecto de las perte n e n cia s q u e SS explota - , por lo q u e resultaba i m pre s ci n dible q u e la sentencia expre s ara las consideraciones de hecho y de derec h o q u e fun da m e n tara n su deci s ió n , en relación con la n at u raleza jurídica del litio extraído por SS., h acié n do s e cargo de la excepció n , para fun dar el carácter de no co n ce s ible del litio existente en pertenencias m i n era s a m parada s por tal decreto, para efectos de la aplicación del I m p u e s to Específico a la Actividad Minera. Y una vez realizado ese ejercicio de razo n a m ie n to, se pro nun ciare sobre si la actuación del Servicio adolecía o no de algún vicio, lo q u e no aconteció en la especie, a sum ie n do el juez co m o pre su p u e s to indiscutible q u e el litio explotado por SS. tiene el carácter de co n ce s ible.

Es ti m a q u e esta o m i s ió n es de gravedad ya q u e de ello se hace derivar q u e el Servicio actuó fuera de la esfera de sus atribuciones al otorgarle el carácter de co n ce s ible a una sustancia q u e no lo sería. C o n cl us ió n parcial, insuficiente e incoherente porque pre s ci n de de consideraciones en torno a la potestad pública de aplicación y fiscalización de la ley tributaria y la facultad de interpretación administrativa q u e aq u el detenta, co nfo r m e a la Ley O r g n ica del Servicio de I m p u e s to s Internos y al C ódi g o Tributario, q u e lo facultan en el ejercicio de dichas pote s tade s , dentro de los plazos de pre s cripció n para revisar las declaraciones de i m p u e s to s y determinar administrativamente la obli g ació n tributaria.

Afi r m a, ade más , q u e la s e n te n cia ta m poco señala de q u é m a n era la actuación del Servicio vulneraría su competencia legal de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la C o ns tit u ció n Política de la República, infringiendo el principio de le g alidad, e s pecial m e n te si la n or mía respectiva permite s o s te n er interpretaciones v ero s m ile s y diversas a la sostenida por el sentenciador.

Todo lo anterior dice el rec u rre n te, hace q u e la sentencia carezca de fun da m e n to s , debie n do ser invalidada.

b. Segunda causal:

Segundo : Que e sg ri m e en s e gun do lugar la m i sm a causal co n te n ida en el artículo 768 Nro.5 del Código de Procedimiento Civil, pero en relación con el num era n do 6 del artículo 170 de ese códi g o, esto es, la falta de decisión del asunto co n tro v ertido, al no co m pre n der toda s las acciones y excepcio n e s q u e se hicieron valer, n or m a q u e debe entenderse co m ple m e n tada con el Auto A cordado de la E xc m a. Corte Su pre m a s obre la For m a de las Sentencias. Estas de fens a s no exa m ién ada s serían q u e la autoridad administrativa al calificar el litio co m o sustancia co n ce s ible, actuó de n tro del ámbito de sus facultades; y q u e se trata de un conflicto ya resuelto por el Tribunal Constitucional; lo m i sm o s obre el alcance de la excepció n legal co ns a g rada en el decreto ley; ta m poco se manifiesta el fallo en torno a có m o sería po s ible e n to n ce s explotar el litio por la reclamante si no es co n ce s ible o por q u la n or m a de excepció n habilita su explotació n por SS. pero no habilita al Servicio para gravar ese m i n eral con i m p u e s to.

Finaliza expo n ie n do q u e este vicio solo p u ede ser reparado con la invalidación del fallo.

Tercero: Qu e, co m o se s abe, la casación en la fo r m a, es un recurso extraordi n ario q u e la ley concede a la parte a g ra v iada, contra determinadas resoluciones judiciales, para obtener su a nu lació n , cuando han sido dictadas con o m i s ió n de sus requisitos legales fo r m ale s o dentro de procedi m ie n to s viciosos.

En particular, las hipótesis de nulidad esgrimidas por el recurrente, persiguen controlar q u e las decisiones jurisdiccionales c um pla n con las fo r m alidade s legales, e s pecial m e n te con la obligación de fun da m e n tar la decisión y de pro nun ciar s e sobre todas las cuestiones debatidas, p u e s lo q u e se protege es el derecho de las partes de q u e la labor jurisdiccional dé razones q u e expliq u e n la adjudicación de derec h o s . Así se previene en el artículo 170 Nros.5 y

6. del C ódi g o de Procedimiento Civil: “[l]as consideraciones de hecho o de derecho q u e sirven de fun da m e n to a la sentencia” y “[l]a decisión del asunto co n tro v ertido. Esta deci s ió n deberá co m pre n der todas las accio n e s y excepcio n e s q u e se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la re s ol u ció n de aq u ella s q u e sean ién co m patible s con las aceptadas”.

Cuarto: Qu e, aun c u a n do, ya de s de la lectura atenta de la sentencia es po s ible apreciar q u e, de s p u s de dar cuenta de los ar gum e n to s de cada parte - prácticamente transcritos los escritos principales - , lo cierto es q u e, de s de la perspectiva de la nulidad formal op u e s ta y su exigencia de perj u icio, la circunstancia de haberse interpuesto por el recurrente, en fo r m a co n j un ta con el recurso de nulidad fo r m al, el de apelació n , en el cual se e sg ri m e n las m i sm a s alegaciones y fun da m e n to s q u e en el pri m ero, deter m ién a q u e la nulidad de la sentencia i m p ugn ada no constituye la única vía, ni la idónea, para e nm e n dar la s e n te n cia m odi f ica n do lo re su elto, p u e s lo s defectos con influencia en lo sustantivo de q u e adolece, son reparables por la vía de la apelació n , también ded u cida.

C o nfo r m e a lo s eñalado el recurso de nulidad formal será de s e s ti m ado.

II. - Respecto del recurso de apelación

Se reprod u ce la s e n te n cia en alzada, con excepció n de los co ns idera n do s c u adra g s i m o quinto a s exa g é s i m o n o v e n o, a m bo s inclusive, q u e se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Quinto: Que conviene recordar q u e el pri n cipio de legalidad, vinculado a la idea de potestad en la fun ció n administrativa, se contiene pri m ordial m e n te en el resultado de la co n j ug ació n de dos n or m a s paradi gm ática s de la C o ns tit u ció n Política, q u e establecen sus ba s e s g e n erale s , los artículos 6 y 7.

En efecto, el artículo 6 establece q u e “[l]os ór g a n o s del Estado debe n someter su acción a la C o ns tit u ció n y a las n or m a s dictadas co nf or m e a ella, y garantizar el orde n institucional de la República. Los preceptos de esta C o ns tit u ció n obligan tanto a los titulares o integrantes de dic h o s ór g a n o s co m o a toda per s o n a, institución o g r u po. La infracción de esta n or m a g e n erará las re s po ns abilidade s y sanciones q u e determine la ley”. Di s po s ició n de la q u e se extrae q u e la su bordi n ació n obligatoria de los ór g a n o s público s a todo el sistema n or m ati vo en su co n j un to; q u e establece q u e la orde n ació n de este sistema está presidido por la C o ns tit u ció n ; y q u e co n te m pla consecuencias jurídicas, en fo r m a de re s po ns abilidade s y sanciones, en caso de infringirse al gun a de las reglas integrantes del s i s te m a.

Por su parte, el artículo 7 de la Carta F un da m e n tal indica q u e “[l]os ór g a n o s del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su co m pete n cia y en la fo r m a q u e pre s criba la ley. N i ngun a m a g i s trat u ra, n i ngun a per s o n a ni grupo de per s o n a s p u ede n atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derec h o s q u e lo s q u e expre s a m e n te se les hayan conferido en virtud de la C o ns tit u ció n o las leyes. Todo acto en co n tra v e n ció n a este artículo es nulo y originará las re s po ns abilidade s y s a n cio n e s q u e la ley señale”. Apareciendo aquí, co m o requisitos generales de regularidad jurídica de las actuaciones administrativas, la investidura regular, la co m pete n cia y las fo r m a s.

Sin perjuicio de lo anterior - co m o s abe m o s - el reconocimiento positivo del pri n cipio de legalidad e n te n dido co m o la subordinación de la ad m i n i s tració n al derecho en su i n te g ridad, se e n c u e n tra reco n ocido en una n or m a de jerarquía legal q u e es el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases G e n erale s de la Administración del Es tado, Ley N ro. 18.575 q u e expre s a: “[l]os ór g a n o s de la A d m i n i s tració n del Estado s o m eterá n su acción a la C o ns tit u ció n y a las leyes. Deberá n actuar dentro de su co m pete n cia y no tendrán más atribuciones q u e las q u e expre s a m e n te les haya conferido el orde n a m ie n to jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las accio n e s y rec u r s o s correspondientes”.

Sexto: Qu e, en todo caso, a co ns ec u e n cia de este reconocimiento y declaració n , el principio de legalidad per m ea toda la co n d u cta de la ad m i n i s tració n , sea en su di m e ns ió n m aterial, es decir, lo s actos q u e ejecuta, co m o, particularmente, sobre aq u ello s estrictamente jurídicos. S ie m pre, bajo sanción de incurrir en nu lidad.

A de más , esta v i n c u lació n a la ley, debe e n te n der s e co m pro m etida para todas las n or m a s q u e integran el orde n a m ie n to j u rídico, es decir, a la C o ns tit u ció n Política, pero también a las leyes q u e re gu la n el caso co n creto.

As i m i sm o, son ele m e n to s de validez de lo s actos administrativos la i nv e s tid u ra re gu lar de lo s agentes público s , la co m pete n cia y la fo r m a q u e prescriba la ley. La investidura re gu lar de la autoridad o funcionario deriva de la ob s er v a n cia de lo s m eca n i sm o s reco n ocido s por el derec h o para su instalación y q u e corre s po n de n a su elección o n o m bra m ie n to. La co m pete n cia es la m edida de la potestad q u e corre s po n de a cada ór g a n o. En tanto, la fo r m a en q u e pre s cribe la ley, corre s po n de a la exigencia formal de los actos administrativos co m pre ns i v a de lo s requisitos del instrumento q u e le sirve de s o porte, a los requisitos procedi m e n tale s q u e debe n observarse en su elaboració n , pero ta m bié n , y dado q u e per s i gu e n un propó s ito de racionalidad en la to m a de decisiones, la fo r m a está orientada a obte n er q u e la ad m i n i s tració n actúe s obre la base de razo n e s y no siguiendo su solo arbitrio.

Por lo tanto, carecen de validez aq u ello s actos en q u e se detecte a us e n cia de investidura regular del órgano respectivo, i n co m pete n cia de éste, inexistencia de motivo legal o m oti vo i nvo cado, existencia de vicios de fo r m a y procedimiento en la g e n eració n del acto, la violación de la ley de fondo atingente a la materia y, en su caso, la de sv iació n de poder.

Séptimo: Que también es útil tener en cuenta q u e - de inicio - los actos administrativos q u e contienen deci s io n e s se e n c u e n tra n revestidos de una pre sun ció n de legalidad, de ejecutoriedad y de ejecutividad. La pre sun ció n de legalidad consiste en q u e por el solo hecho de dictarse el acto administrativo debe tenerse por ajustado a derec h o, esto es, su validez se pre sum e a partir de su adopción. Aun q u e en estricto rigor es una fo r mu la figurativa q u e no concierne a la legalidad del acto administrativo sino a su eficacia jurídica: mientras no se i m p ugn e o, m ejor, m ie n tra s no sea dejado sin efecto, el acto administrativo se tiene por un acto jurídico eficaz. Esta pre sun ció n s i m ple m e n te legal admite pr u eba en contrario y prod u ce el efecto de inversión de la carga de la pr u eba. De m aún era q u e la ad m i n i s tració n q u eda di s pe ns ada de justificar q u e actuó con sujeción a derecho y toca al i n tere s ado ded u cir los rec u r s o s o iniciar las acciones tendientes a de m o s trar su ilegalidad (José Mi gu el Valdivia “Manual de Derecho Administrativo”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, p.189). Este lti m o aspecto a un q u e cobra relevancia en el caso q u e n o s oc u pa -y de hecho se rindió profusa prueba - , aparece con cierta liquidez dado q u e, co m o se analizará más adelante, sus a s pecto s más trascendentes están v i n c u lado s a un asunto de derecho o más bien de interpretación legal. Pero permiten establecer una base de s de la cual realizar el exa m e n de le g alidad.

Octavo: Que de acuerdo a este bre v e marco co n cept u al, la nulidad de los actos administrativos es la s aún ció n de ineficacia de los actos jurídicos q u e adolecen de vicios esenciales. El fun da m e n to de la acción es el respeto al principio de le g alidad, q u e habilita para actuar y delimita sus actuaciones, de m odo q u e si estas exceda n del marco legal sean m ar g i n ada s en su eficacia. Y, en esa direcció n , resulta de importancia dentro de los requisitos, competencia y fo r m a, la legalidad interna del acto, v i n c u lada a su co n te n ido, q u e implica la causa y finalidad u objetivo del m i sm o, q u e el recurrente entiende q u e no existe o le ad s cribe ser constitutiva de “de svi ació n de poder”.

C o nv ie n e explicitar aquí q u e este último vicio, consistente en ejercer una potestad para un fin distinto del q u e típicamente corre s po n da al acto, p u ede ser un fin pri v ado, propio del agente público o de un tercero, pero en c u alq u ier caso i n co m patible con la ética del servicio público y e s trec h a m e n te v i n c u lado a corr u pció n , de ahí q u e deba exa m i n ar s e s e parada y c u idado s a m e n te, a un q u e también p u ede tratarse -y parece ser este el sentido de la acción de autos - de “[…] un fin público distinto de aq u el para el cual la ley ha conferido la potestad” (Valdivia, op cit. p. 219), co nfo r m e a q u e se hará el análisis corre s po n die n te.

Noveno: Qu e, por lti m o, en este cuadro pro s pecti v o, es forzoso diferenciar el motivo del acto administrativo y la m oti v ació n del m i sm o. El pri m ero corre s po n de a la justificación sustantiva de la decisión bajo un su p u e s to de hecho q u e condiciona el ejercicio de la potestad pública y q u e es determinante en la adopció n del acto y q u e requiere de a n tecede n te s materialmente co m probable s ; h ec h o s q u e generalmente requieren una calificación jurídica para entenderse co m pre n dido s en el supuesto de hecho al q u e la ley se remite (Valdivia, op cit. p. 220). De lo q u e debe e n te n der s e q u e la autoridad administrativa se e n c u e n tra facultada para efectuar la calificación jurídica de los m i sm o s , cada vez q u e aplica a un hecho una n or m a o un concepto jurídico q u e le sirve de fun da m e n to y q u e justifica la dictación del acto re s pecti vo . La s e gun da, es decir, la m oti v ació n también está relacionada con el motivo - co m o elemento de fon do - pero tiene un carácter fo r m al, consistente en la expre s ió n de e s o s motivos, derivada de los pri n cipio s de publicidad y transparencia, q u e permite al destinatario conocer la justificación del acto, lo q u e facilita su control.

Décimo: Qu e, corre s po n de analizar, co nf or m e a estos pará m etro s , los actos s o m etido s al co n trol de esta Corte y q u e se i m p ugn aún por SS. porque entiende q u e en su dictación se ha transgredido el principio de legalidad, atacando dos de sus ele m e n to s primordiales: la competencia y la fo r m a, e n te n dida esta lti m a en su aspecto de legalidad interna o m oti vo .

Undécimo: Qu e, para una m ejor co m pre ns ió n del a sun to, conviene indicar q u e en la Citación Nro.00, de 13 de n o vi e m bre de 2019, los Pun to s o Referencias i n dicado s por el fiscalizador para la entrega de a n tecede n te s fu ero n los siguientes: 1. la concesibilidad del litio; 2. la depreciació n financiera vs. tributaria; y 3. la deter m i n ació n de la renta i m po n ible operacional m i n era (RIOM). Ello, atendido q u e SS., en sus declaraciones para los año s tributarios 2017 y 2018, restó ingresos y agregó costos por la explotación del litio al no considerarse a sí m i sm o un explotador minero respecto de ese mineral.

Esa postura fue c u e s tio n ada por el Servicio de I m p u e s to s Internos, q u e finalmente emitió las Liquidaciones Nros.00 y 000 , de

29 de s eptie m bre de 2020, fun da m e n tá n dola s de la m a n era q u e sigue:

“[…] el Litio es una sus ta n cia mineral de carácter co n ce s ible, p u e s el m i n eral Litio contenido en las pertenencias m i n era s explotada s en virtud del señalado Contrato de arre n da m ie n to suscrito con CO RF O , co ns er v aría n el carácter de co n ce s ible de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N° 2.886 […] Efectivamente, las actas de m e nsu ra y las m a n i fes tacio n e s corre s po n die n te s a las pertenencias m i n era s objeto del Contrato de Arrendamiento suscrito con CO RF O y en virtud del cual el contribuyente explota el Litio, fu ero n inscritas con anterioridad a dicha fecha, de acuerdo a la doc um e n tació n de re s paldo con la q u e se cuenta.

En efecto, el artículo 64 Bis de la Ley s obre I m p u e s to a la Renta, establece un I m p u e s to Específico a la Renta Operacional de la Actividad Mi n era obtenida por un E xplotador Minero. En su artículo N° 1 señala q u e se e n tie n de por E xplotador Mi n ero, toda per s o n a natural o jurídica q u e extraiga sustancias minerales de carácter co n ce s ible y las v e n da en c u alq u ier estado productivo en q u e se e n c u e n tre n . As i m i sm o, en el N° 2 establece q u e Producto Minero es la sustancia m i n eral de carácter co n ce s ible ya extraída, haya o no sido objeto de beneficio, en c u alq u ier estado productivo en q u e se encuentre.

Por su parte, el artículo 5° del C ódi g o de Minería señala q u e son co n ce s ible s , o de nun ciable s , las sustancias m i n erale s metálicas y no metálicas y, en general, toda sustancia fósil, en c u alq u ier fo r m a en q u e n at u ral m e n te se presente, i n cl u yé n do s e las existentes en el su b su elo de las aguas m aríti m a s s o m etida s a la jurisdicción nacional a las q u e se tenga acceso por t ún ele s de s de tierra.

As i m i sm o, el artículo 7° del mismo cuerpo legal establece q u e

`No son susceptibles de co n ce s ió n m i n era los h idrocarb u ro s líq u ido s o g a s eo s o s , el litio, los yacimientos de c u alq u ier e s pecie existentes en las aguas m aríti m a s s o m etida s a jurisdicción nacional ni los yacimientos de c u alq u ier especie situados, en todo o en parte, en zo n a s q u e, co nfo r m e a la ley, se determinen co m o de importancia para la seguridad n acio n al con efectos m i n ero s , sin perjuicio de las co n ce s io n e s m i n era s v álida m e n te constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de i m porta n cia para la seguridad n acio n al´.

El artículo 3° de la Ley O r g á n ica Constitucional sobre C o n ce s io n e s Mineras, p u blicada en el D.O. con fecha 21 de enero de 1982, señala q u e `No son sus ceptible s de co n ce s ió n m i n era los h idrocarb u ro s líquidos o g a s eo s o s , el litio, lo s yaci m ie n to s de c u alq u ier especie existentes en las aguas m aríti m a s s o m etida s a la jurisdicción nacional ni los yacimientos de c u alq u ier e s pecie situados, en todo o parte, en zo n a s q u e, co nfo r m e a la ley, se determinen co m o de importancia para la s e gu ridad n acio n al con efectos m i n ero s , sin perjuicio de las co n ce s io n e s m i n era s válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de i m porta n cia para la seguridad nacional. Lo establecido también se e n c u e n tra re fr e n dado en el artículo 7° del C ódi g o de Minería, p u blicado en el D.O. con fecha 14 de octubre de 1983.

De acuerdo a lo indicado en lo s do s artículos citados en el párrafo anterior, el legislador m a n t uv o la calidad de sustancia mineral concesible al litio contenido en las co n ce s io n e s m i n era s constituidas con anterioridad a la declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional.

La citada declaración de no concesibilidad se instituyó en el Decreto Ley N° 2.886 p u blicada en el D.O. con fecha 14 de n o v ie m bre de 1979 q u e `Deja sujeta a las n or m a s generales del Código de Minería la co ns tit u ció n de pertenencia m i n era sobre carbo n ato de calcio, fosfato y sales potá s ica s , reserva el litio en favor del Estado e interpreta y m odi f ica las leyes q u e s eñala n ´. En efecto, el artículo 5° del Decreto Ley indicado establece q u e: `Por exigirlo el interés nacional, de s de la fecha de vigencia de este decreto ley, el litio q u eda reservado al Es tado.

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior solamente:

- El litio existente en pertenencias m i n era s constituidas, s obre litio o s obre c u alq u iera de las sustancias del inciso pri m ero del artículo 3° del Código de Minería q u e, a la fecha de p u blicació n de este Decreto Ley en el Diario Oficial, tuvieren su acta de m e nsu ra inscrita antes del 1° de enero de 1979.

- El litio existentes en pertenencias q u e, a la fecha de publicación de este Decreto Ley en el Diario Oficial, estuvieren en trámite y q u e lle gu e n a constituirse s obre litio o sobre cualquiera de las sustancias del inciso pri m ero del artículo 3° del Código de Minería, s ie m pre q u e el proceso de constitución de tales pertenencias se hubiere originado en una manifestación q u e haya q u edado inscrita antes del 1° de enero de 1979´.

De lo exp u e s to se concluye q u e tanto el Código de Minería co m o la Ley O r g á n ica Constitucional sobre C o n ce s io n e s Mineras actuales, m a n tie n e n vigentes las n or m a s de excepció n del inciso 2° del artículo 5° del decreto Ley 2.886 de 1979, a toda s las e m pre s a s q u e exploten el Litio a m parado s en pertenencias cuyas actas de m e nsu ra inscritas se e n c u e n tre n vigentes al 1° de enero de 1979 o cuya m a n i fes tació n haya sido inscrita antes de dicha fecha en el caso de q u e esas pertenencias se e n co n tra s e n en trámite al 14 de n o vi e m bre de 1979, toda vez q u e, en estos casos, el litio se considera q u e tiene el carácter de co n ce s ible, y por lo tanto, quienes extraigan y v e n da n copulativamente el litio co n te n ido en fichas pertenencias m i n era s tiene la obligación de declarar y pa g ar el I m p u e s to Específico a la Actividad Minera en co nfo r m idad a los artículos 64 bi s y 64 ter, a m bo s de las Ley s obre I m p u e s to a la Renta.

S e gún reverso de foja 6666 del Registro N° 00 del C o ns er v ador de Mi n a s de xxx , aportado por el co n trib u ye n te, se da cuenta de notificación de fecha 01 de s eptie m bre de 1977, de Re s ol u ció n de Manifestación Minera ÓMA uno al cincuenta y nueve m il ochocientas veinte, e m itida en xxxx a con fecha 03 de s eptie m bre de 1977, esto es consistente con el año de constitución de las pertenencias m i n era s del q u e dan cuenta los co m proba n te s de pate n te s , así co m o el contrato de arre n da m ie n to. En co ns ec u e n cia, toda vez q u e la pertenencias m i n era s en cuestión fu ero n inscritas en el año 1977, en virtud del D.L. 2.886 ya m e n cio n ado, el litio co n te n dido en dichas pertenencias co ns er v aría el carácter de co n ce s ible, e n co n trá n do s e su extracción y venta copulativa afecta al I m p u e s to Específico a la Actividad Minera deter m i n ado según los artículos 64 bi s y 64 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

De acuerdo a lo exp u e s to, en el evento de no aportar doc um e n tació n adicional q u e desvirtúe las ob s er v acio n e s planteadas, el contribuyente debería i n corporar a la Renta I m po n ible Operacional Mi n era los ingresos pro ven ie n te s de la explotación del Litio en virtud de contrato de arriendo de co n ce s io n e s m i n era s otorgadas con anterioridad a la declaración de inconcesibilidad del Litio, según establece el D.L: 2.886 i n dicado, así co m o ded u cir los costos a s ociado s directamente a dicha explotació n cuya ded u cció n per m ita el artículo 64 ter de la Ley s obre I m p u e s to a la Renta, para proceder a la aplicación del Impuesto Específico a la Actividad Minera, según tasa q u e corre s po n da de acuerdo al m ar g e n Operacional Mi n ero, co ns idera n do para su deter m i n ació n q u e dichos ingresos son de aq u ello s del num eral 4 del artículo 64 bi s de la Ley sobre I m p u e s to a la Renta”.

Duodécimo: Qu e, respecto de este acto administrativo, las alegaciones fun da m e n tale s de la acción de nulidad efectuadas por SS. p u ede n sintetizarse de la siguiente m aún era: i) dan aplicación de un régimen tributario respecto de una sustancia no co n ce s ible co m o es el litio, lo q u e se e n c u e n tra expre s a m e n te pro h ibido, vu l n era n do el Servicio la correcta aplicación del pri n cipio de legalidad tributaria e interpretando por analogía el artículo 64 bi s de la Ley s obre I m p u e s to a la Renta, q u e establece el I m p u e s to Específico a la Actividad Mi n era, exte n die n do i m procede n te m e n te su aplicación a hechos no g ra v ado s ; y, ii) interpretan la legislación m i n era, sin tener facultades para ello, constituyéndose en infractor de ley - Orgánica Constitucional de C o n ce s io n e s Mi n era s y Código de Minería - y obra n do fuera de la órbita de su competencia. Incluso, con de sv iació n de poder.

Esto lti m o s obre la base de e n te n der q u e la n or m ati v a aplicable no ha mu tado el carácter de no co n ce s ible del litio. La n or m a impositiva de 1982 co ns idera el litio co m o sustancia i n co n ce s ible pero sí explotable respecto de las co n ce s io n e s constituidas antes del año 1979. Esto se encontraría ratificado por el artículo 1° transitorio de la Ley Orgánica Constitucional de C o n ce s io n e s Mi n era s , el cual di s p us o, a propó s ito de aquellas constituidas bajo el imperio de legislaciones anteriores al actual códi g o de minería q u e “[…] las co n ce s io n e s m i n era s vigentes a la fecha de e n trada en vigor del nuevo código de minería subsistirán bajo el imperio de éste. P ero, en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción prevalecerán las disposiciones de dicho códi g o”.

Agregó también q u e el vínculo jurídico entre su representada y CORFO es de naturaleza contractual y no deriva del ejercicio de potestades pública s , sino q u e se sitúa, de lle n o, en el á m bito del derecho pri v ado co mún de lo s contratos, q u e en la actualidad fueron m odi fi cado s en el acuerdo de conciliación celebrado el 17 de enero de 2018, ante el juez árbitro Héctor Hum ere s N o gu er, en lo s Roles 2222 - 2014, 2222 - 2014, 22222 - 2016 y 2222 - 2016 entre CO RF O y

las s ociedade s SS., SP S.A. y SSSS., oca s ió n en q u e se reiteraron las declaraciones y obligaciones entre las partes, sin q u e al gun a cláusula estableciera ca m bio s al ré g i m e n tributario dado q u e las partes han e n te n dido s ie m pre q u e el litio no es sus ceptible del i m p u e s to específico de la actividad m i n era del artículo 64 bis de la Ley s obre I m p u e s to a la Renta.

En su opi n ió n , el Servicio comete un error al basar sus prete ns io n e s de cobro en q u e el litio debe ser co ns iderado co m o “Producto Minero” q u e le llevan a crear por vía administrativo un i m p u e s to q u e solo p u ede ser creado por ley, co nfun die n do do s conceptos q u e no son asimilables, co m o s o n , la declaración de irretroactividad de dic h a reserva estatal y la su p u e s ta declaración de concesibilidad.

Décimo tercero: Qu e, por su parte -y en re sum e n - el Servicio de I m p u e s to s Internos contestó ar gum e n ta n do q u e: i) idénticas alegaciones pro m o v ió la reclamante ante el Trib un al C o ns tit u cio n al, q u e rechazó estos req u eri m ie n to s de i n co ns tit u cio n alidad, e s ti m a n do q u e lo alegado corre s po n día más bien a un conflicto acerca del sentido y alcance de la ley, q u e es de competencia del juez de fon do y sobre el cual dicha magistratura no tenía co m pete n cia al gun a q u e dimane directamente de s de la C o ns tit u ció n . Por ende, el reproche a la calificación q u e el Servicio hace del litio co m o concesible, no po s ee sustento, ya q u e, según se aprecia y lo reco n oce el mismo recla m a n te, el conflicto es de m era interpretación y, al respecto, el principio de reserva legal en materia tributaria, no prohíbe la interpretación jurídica, siendo por tanto ajustado a derecho q u e lo s actos recla m ado s interpreten y apliquen la ley tributaria de co nfo r m idad a las facultades legales q u e posee el Servicio, e s pecial m e n te por corre s po n derle la aplicación y fiscalización de todo s los i m p u e s to s actualmente establecidos o q u e se establecieren, fiscales o de otro carácter en q u e tenga interés el Fisco y cuyo co n trol no esté especialmente e n co m e n dado por la ley a una autoridad diferente, h abie n do actuado entonces en la fo r m a prescrita por la ley y de n tro de su co m pete n cia; ii) las actuaciones del Servicio, co m o órgano público, revisten el carácter de actos administrativos y participan de los pri n cipio s y características q u e la ley ha atribuido a esta especie de actos jurídicos. Por lo tanto, para q u e sea po s ible declarar la nulidad de derecho público, no se exige c u alq u ier vicio, sino uno de procedi m ie n to o de fo r m a, cuestión q u e no oc u rre en la especie, toda vez q u e no existe vicio fo r m al o procedimental al gun o. Y lo q u e su cede en la e s pecie, no es más q u e un de s ac u erdo en torno a la interpretación sostenida por el Servicio en uso de sus facultades fiscalizadoras; iii) el litio extraído por SS., de s de las perte n e n cia s m i n era s cedida s bajo un contrato privado de arrendamiento por CO RF O , es una sustancia co n ce s ible, ún ica m e n te para efectos de la aplicación y fiscalización del I m p u e s to Específico a la Actividad Mi n era; y es consecuencia del ejercicio legítimo de las facultades q u e la ley confiere al Servicio de I m p u e s to s Internos, por lo q u e no resulta po s ible concluir q u e las act u acio n e s del Servicio en este sentido han excedido su co m pete n cia, q u e se ha incurrido en una legalidad o q u e el órgano administrativo ha de svi ado su fin; y, iv) la reclamante no ha sufrido perjuicio al gun o, toda vez q u e ha podido ejercer todo s y cada uno de los derec h o s q u e tanto la constitución co m o las leyes establecen y la jurisprudencia ha sido clara en señalar q u e es requisito indispensable para q u e se tenga un acto co m o nu lo, q u e éste haya ori g i n ado o ca us ado un daño o perjuicio.

Décimo cuarto: Que la s e n te n cia finalmente en sus co ns idera n do s q u ién c u a g s i m o octa v o, q u ién c u a g s i m o n o v e n o, s exa g é s i m o s e gun do, s exa g é s i m o tercero y s exa g é s i m o cuarto reflexiona dete n ida m e n te en torno a lo s proble m a s principales, a s aber, la calidad de la sustancia extraída por SS S.SA., la historia de la ley y las facultades del Servicio de I m p u e s to s I n ter n o s al citar y liquidar a la contribuyente aplicando el i m p u e s to específico de su actividad minera.

Pues allí se expre s a, por eje m plo, q u e “[e]l litio actualmente no es una sustancia co n ce s ible, pero ade más , el IEAM no aplica al litio, y la interpretación analógica hecha por el SII para aplicar el impuesto respecto de las pertenencias constituidas el año 1977 es contraria al principio de legalidad tributaria, ta m bié n es contraria a la historia fidedigna del establecimiento del IEAM (Ley 20.026), y más aún, es contraria a lo s actos propio s del ente fiscalizador, porq u e la de m a n dada nunca aplicó el i m p u e s to hasta q u e éste se g e n eró por vía administrativa. Esta interpretación vu l n eró el principio de reserva legal en materia tributaria, y va en contra de la historia de la ley q u e creó el IEAM […] la legislación del año 2004 ni la po s terior re fo r m a de 2010 prete n diero n e n te n der q u e las sustancias no concesibles también estaban g ra v ada s , co m o fue el caso del litio. Sin e m bar g o, de s de 2015, el SII ca m bió de criterio, lo q u e ha afectado g ra v e m e n te las expectativas legítimas, la co nfi a n za le g íti m a de los contribuyentes y los actos propio s de las a u toridade s fiscales. Estando llamada la judicatura a e nm e n dar tales yerros […] afectar con ese impuesto específico las pertenencias constituidas sobre litio, antes de 1979 en favor de C or fo , i m porta lesionar el principio de legalidad tributaria y, por ende, dotar a esa preceptiva de efecto retroactivo, lo q u e p ugn a f ro n tal m e n te con la C o ns tit u ció n , p u e s quebrantaría precisos y mu y claros derec h o s q u e ella asegura a todas las per s o n a s ”.

Y se concluye q u e “[…] la citación y liquidaciones recla m ada s emitidas por el Servicio de I m p u e s to s I n terán o s no se han s o m etido a las n or m a s dictada s q u e re gu la n la materia de q u e se trata, act u a n do en efecto inválidamente. De ahí q u e la ún ica fo r m a de sanear el perjuicio q u e ha sufrido la contribuyente es el de declarar la nulidad tributaria en virtud del artículo 1° num eral octavo […] a la luz de lo ale g ado, la actuación de la ad m i n i s tració n tributaria en este caso no fue realizada en concepto de este s e n te n ciador en la fo r m a q u e pre s cribe la ley (artículo 7 de la C o ns tit u ció n Política de la República), acarreando co m o co ns ec u e n cia la nulidad de las actuaciones viciadas. En la especie, el Servicio de I m p u e s to s Internos en concreto de la Dirección de G ra n de s contribuyentes atribuyó una tributación por concepto de impuesto específico a la actividad m i n era a una hipótesis distinta a la q u e la ley per m ite atribuirle, en cuanto al hecho g ra v ado q u e se refiere a sustancias minerales de carácter co n ce s ible”.

Décimo quinto: Que la e m pre s a co ns idera q u e el vicio de ilegalidad se prod u ce porq u e el Servicio de I m p u e s to s Internos aplica un ré g i m e n tributario respecto de una sustancia no co n ce s ible, interpretando por analogía el artículo 64 bi s de la Ley s obre I m p u e s to a la Renta, q u e establece el I m p u e s to Específico a la Actividad Mi n era, exte n die n do i m procede n te m e n te su aplicación a hechos no g ra v ado s ; interpretando ade más la legislación m i n era, sin tener facultades, obra n do fuera de la órbita de su co m pete n cia, lo q u e constituiría, i n cl us o, una de sv iació n de poder.

Décimo sexto: Que el artículo 6° del C ódi g o Tributario establece q u e “[c]orresponde al Servicio de I m p u e s to s Internos el ejercicio de las atribuciones q u e le confiere su Estatuto O r g n ico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las di s po s icio n e s tributarias”. Esto significa q u e el Servicio tiene co m o principal actividad controlar q u e los co n trib u ye n te s c um pla n adec u ada m e n te sus obligaciones tributarias, lo q u e conlleva la co m probació n de las circunstancias de hecho q u e le asisten, así co m o la correcta aplicación de las disposiciones legales, lo q u e de s de luego co m pre n de una di m e ns ió n interpretativa de la n or m a impositiva, p u e s sin una calificación jurídica q u e determine su aplicabilidad no podría justificar su co n trol fiscalizador.

Décimo séptimo: Que respecto a las reglas de interpretación q u e el recurrente objeta, p u e s su po n e q u e han excedido su ámbito natural, traspasando una frontera hacia otras áreas jurisdiccionales, a s aber, las m i n era s , debe precisarse q u e no existe tal transgresión, porque lo q u e co m petía al fiscalizador, en tanto órgano especializado de la ad m i n i s tració n , era preci s a m e n te decidir, si en la declaración de i m p u e s to s para los año s tributarios 2017 y 2018, referido a la explotació n de litio y sus efectos en la deter m i n ació n del I m p u e s to de Primera Categoría y en el Fo n do de Utilidades Trib u table s , la contribuyente se h abía ajustado o no a la situación de hecho q u e le era propia; deter m i n a n do, en ese proceso de raciocinio, si aq u élla se encontraba en la hipótesis del artículo 64 bis de la Ley sobre I m p u e s to a la Renta (hoy dero g ado por la Ley Nro.21.591), q u e establecía un I m p u e s to Específico a la Renta Operacional de la Actividad Mi n era obtenida por un E xplotador Minero.

Décimo octavo: Que la especificación q u e hace el le g i s lador en el artículo 4° del C ódi g o Tributario, al di s po n er q u e “[l]as n or m a s de este Código sólo rigen para la aplicación o interpretación del mismo y de las de más di s po s icio n e s legales relativas a las materias de tributación fiscal interna a q u e se refiere el artículo 1 ° , y de ellas no se podrán inferir, salvo di s po s ició n expresa en contrario, consecuencias para la aplicació n , interpretación o validez de otros actos, contratos o leyes”, debe ser leída en ar m o n ía con el artículo 4 bis q u e dice “[l]as obligaciones tributarias establecidas en las leyes q u e fijen lo s hechos i m po n ible s , nacerán y se harán exi g ible s con arreglo a la naturaleza jurídica de lo s h ec h o s , actos o n e g ocio s realizados […]”, lo q u e en este caso implicaba revisar la calidad de actor minero y la calidad de la sustancia m i n eral explotada. Cum plié n do s e así el m a n dato g e n eral de la A d m i n i s tració n de vinculación a la ley, co m pre ns i vía, en lo q u e fuere pertinente, a las de más n or m a s q u e integran el orde n a m ie n to jurídico, es decir, a la C o ns tit u ció n Política, pero también a las leyes q u e re gu la n el caso concreto.

Décimo noveno: Que en cuanto a la legalidad interna de lo s actos cuya nulidad se solicita, a pe s ar de q u e en su justificación se explican las razo n e s de hecho y de derec h o q u e se tuvieron en cuenta para su dictación por la Dirección de G ra n de s C o n trib u ye n te s del Servicio de I m p u e s to s I n ter n o s , tal co m o se ha transcrito en el considerando cuarto de este fallo, resulta necesario hacer una revisión cro n oló g ica de los h ito s fácticos y n or m ati v o s q u e per m ita n esclarecer el co nfl icto, el cual es de carácter interpretativo co m o predijo el Trib un al C o ns tit u cio n al, de ahí la pertinencia del presente co n trol jurisdiccional.

Vigésimo: Que el C ódi g o de Mi n ería de 1932, vigente el año 1977, época en q u e CORFO inscribió a su n o m bre las perte n e n cia s m i n era s ÓMA uno al ci n c u e n ta y nueve mil ochocientas veinte, según consta a foja 66666 vta. del Registro Nro.000 del C o ns er v ador de Mi n a s de xxxx de ese m i sm o año, di s p us o, co m o regla general, q u e todas las sustancias del reino m i n eral eran denunciables, esto es, susceptibles de ser objeto de co n ce s ió n m i n era, salvo las expre s a m e n te reservadas por la ley al d u eño del suelo o al Estado (Samuel Lira, “Curso de Derecho de Minería”, Editorial Jurídica, Santiago 2012, pp.46 - 48).

El Decreto Ley N ro. 2.886, de 1979, introdujo modificaciones a ese cuerpo legal y en su artículo 1 su pri m ió del artículo 3 inciso pri m ero, las expre s io n e s “uranio”, “litio” y “torio” y en el artículo 5 se señaló expre s a m e n te “[p]or exigirlo el interés n acio n al, de s de la fecha de vigencia de este decreto ley, el litio q u eda reservado al Estado. Se exceptúa […] a) El litio existente en pertenencias constituidas s obre litio o s obre cualquiera de las sustancias del inciso pri m ero del artículo 3° del C ódi g o de Mi n ería, q u e, a la fecha de p u blicació n de este decreto ley en el Diario Oficial, tuvieren su acta de m e nsu ra inscrita, se hallaren vigentes, y cuya m a n i fes tació n , a su vez, haya q u edado inscrita antes del 1° de enero de 1979. b) El litio existente en pertenencias q u e, a la fecha de publicación de este decreto ley en el Diario Oficial, estuvieren en trámite y q u e lle gu e n a constituirse sobre litio o s obre cualquiera de las sustancias del inciso primero del artículo 3° del C ódi g o de Mi n ería, s ie m pre q u e el proceso de constitución de tales pertenencias se hubiere originado en una m a n i fes tació n q u e haya q u edado inscrita antes del 1° de Enero de 1979. Una ley regulará la fo r m a en q u e el Estado ejercerá los derec h o s q u e le corre s po n de n sobre el litio q u e se le reserva en virtud de este artículo”.

Vigésimo primero: Qu e, hasta aq u q u eda claro q u e la legislación aplicable a las perte n e n cia s inscritas por CO RF O el año 1977, les asistía el carácter de concesibles. Por lo q u e, con este estatuto prevalente, le fu ero n arre n dada s dichas pertenencias a la e m pre s a SS. el año 1993, q u e es el q u e ha co ns er v ado hasta la fecha y q u e co nfo r m e a los ac u erdo s de conciliación del año 2018, m a n te n drá hasta el año 2030.

Vigésimo segundo: Que el artículo 64 bi s de la Ley sobre I m p u e s to a la Renta, estableció un impuesto específico a la renta operacional de la actividad m i n era, co n ocido co m o IEAM, aplicable a quienes calificaran co m o explotador m i n ero, definiendo a éste co m o “toda per s o n a natural o jurídica q u e extraiga sustancias m i n erale s de carácter concesible y las v e n da en cualquier estado productivo en q u e se e n c u e n tre n ” y al prod u cto m i n ero, co m o “la sustancia mineral de carácter co n ce s ible ya extraída, haya o no sido objeto de beneficio, en c u alq u ier estado productivo en q u e se e n c u e n tre”.

Precisando el artículo 64 ter - q u e le s e gu ía - lo relativo la renta i m po n ible operacional m i n era, también aplicado por el Servicio en el caso de autos, co m o co ns ec u e n cia de incorporarlo co m o sujeto de la hipótesis del artículo 64 bis.

Vigésimo tercero: Qu e, la C o ns tit u ció n Política de 1980, q u e en su artículo 19 Nro.24 protege el derecho de propiedad en sus diversas especies s obre toda clase de bie n e s corporales e incorporales, previene expre s a m e n te q u e: “[e]l Estado tiene el do m i n io ab s ol u to, excl us i vo , inalienable e imprescriptible de toda s las minas, co m pre n dié n do s e en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, lo s depó s ito s de carbón e h idrocarb u ro s y las de más sustancias fósiles, con excepció n de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las per s o n a s naturales o jurídicas s obre lo s terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predio s superficiales estarán su jeto s a las obligaciones y limitaciones q u e la ley señale para facilitar la exploració n , la explotación y el beneficio de dic h a s m i n a s ”.

Ag re g a n do q u e “[c]orresponde a la ley deter m ién ar q u sustancias de aquellas a q u e se refiere el inciso precedente, except u ado sólo s h idrocarb u ro s líq u ido s o g a s eo s o s , p u ede n ser objeto de co n ce s io n e s de exploració n o de explotació n . Dichas co n ce s io n e s se constituirán s ie m pre por re s ol u ció n judicial y tendrán la d u ració n , co nfe rirá n los derec h o s e i m po n drá n las obligaciones q u e la ley expre s e, la q u e tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión m i n era obli g a al d u eño a desarrollar la actividad n ece s aria para satisfacer el interés público q u e justifica su otor g a m ie n to. Su régimen de a m paro será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el c um pli m ie n to de esa obligación y co n te m plará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de s i m ple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos debe n estar establecidos al m o m e n to de otorgarse la co n ce s ió n ”.

Y e nun cia n do q u e “[l]a exploració n , la explotación o el beneficio de lo s yacimientos q u e co n te ng a n sus ta n cia s no susceptibles de co n ce s ió n , podrá n ejecutarse directamente por el Estado o por sus e m pre s a s , o por m edio de co n ce s io n e s administrativas o de contratos especiales de operació n , con los requisitos y bajo las co n dicio n e s q u e el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto su pre m o. Esta n or m a se aplicará también a los yaci m ie n to s de cualquier especie existentes en las aguas m aríti m a s s o m etida s a la jurisdicción nacional y a lo s situados, en todo o en parte, en zo n a s q u e, co nfo r m e a la ley, se determinen co m o de importancia para la s e gu ridad nacional. El Presidente de la República podrá po n er término, en cualquier tie m po, sin expresión de causa y con la i n de mn izació n q u e corre s po n da, a las co n ce s io n e s administrativas o a los contratos de operació n relativos a explotacio n e s u bicada s en zo n a s declaradas de importancia para la s e gu ridad n acio n al”.

Vigésimo cuarto: Qu e, sin perjuicio del c um pli m ie n to en la dictación de leyes especiales, el artículo s e gun do transitorio de la C o ns tit u ció n Política, dispuso q u e “[m]ientras se dicta el nu e v o Código de Minería, q u e deberá regular, entre otras materias, la fo r m a, co n dicio n e s y efectos de las co n ce s io n e s m i n era s a q u e se refieren lo s incisos séptimo al déci m o del núm ero 24º del artículo 19 de esta C o ns tit u ció n Política, lo s titulares de derec h o s m i n ero s seguirán re g ido s por la legislación q u e estuviere en vigor al m o m e n to en q u e entre en vigencia esta C o ns tit u ció n , en calidad de concesionarios. Los derec h o s m i n ero s a q u e se refiere el inciso anterior subsistirán bajo el i m perio del nuevo C ódi g o, pero en cuanto a sus g oce s y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las di s po s icio n e s de dicho nuevo C ódi g o de Minería. Este nuevo C ódi g o deberá otorgar plazo a lo s co n ce s io n ario s para c um plir lo s nu e v o s requisitos q u e se establezcan para m erecer a m paro legal. En el lapso q u e m edie entre el m o m e n to en q u e se po ng a en vigencia esta Constitución y aquél en q u e entre en vigor el nuevo Código de Mi n ería, la co ns tit u ció n de derec h o s m i n ero s con el carácter de co n ce s ió n señalado en los incisos séptimo al déci m o del núm ero 24º del artículo 19 de esta C o ns tit u ció n , co n ti nu ará regida por la legislación actual, al igual q u e las co n ce s io n e s m i sm a s q u e se otor gu e n ”. Es decir, no hubo variación a lo q u e venía aplicándose co nf or m e al Decreto Ley N ro.2886, de 1979.

Vigésimo quinto: Que la re m i s ió n a la “ley” q u e hace el artículo 19 N ro. 24 de la C o ns tit u ció n Política, corre s po n de a la Ley Nro.18.097, Orgánica C o ns tit u cio n al de C o n ce s io n e s Mi n era s y al Código de Minería, de 1983.

La pri m era de ellas señaló expre s a m e n te en su artículo 3° q u e: “[n]o son sus ceptible s de concesión m i n era lo s h idrocarb u ro s líq u ido s o g a s eo s o s , el litio, los yaci m ie n to s de c u alq u ier e s pecie existentes en las aguas m aríti m a s s o m etida s a la jurisdicción nacional ni los yaci m ie n to s de c u alq u ier e s pecie s it u ado s , en todo o en parte, en zonas q u e co nfo r m e a la ley, se deter m i n e n co m o de

importancia para la s e gu ridad n acio n al con efectos m i n ero s , sin perjuicio de las co n ce s io n e s m i n era s válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional”. Así también el artículo primero transitorio de esta ley di s p us o, a propósito de aquellas constituidas bajo el imperio de legislaciones anteriores al actual códi g o de minería q u e “[l]as concesiones m i n era s v i g e n te s a la fecha de e n trada en vigor del nuevo código de m i n ería subsistirán bajo el imperio de éste. Pero, en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su exti n ció n prevalecerán las disposiciones de dicho códi g o”.

Pero ta m bié n , en el m i sm o s e n tido, el C ódi g o de Mi n ería, en su artículo 7° di s p us o q u e “[n]o son sus ceptible s de co n ce s ió n m i n era los h idrocarb u ro s líquidos o g a s eo s o s , el litio, lo s yacimientos de c u alq u ier especie existentes en las aguas m aríti m a s s o m etida s a la jurisdicción n acio n al ni lo s yaci m ie n to s de cualquier especie s it u ado s , en todo o en parte, en zo n a s q u e, co nfo r m e a la ley, se deter m i n e n co m o de importancia para la s e gu ridad n acio n al con efectos m i n ero s , sin perjuicio de las co n ce s io n e s m i n era s válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de i m porta n cia para la seguridad nacional”.

Vigésimo sexto: Que co m o p u ede apreciarse, a m bo s c u erpo s legales, q u e establecen con claridad la calidad de no co n ce s ible del litio en la act u alidad, dejaron fuera de aq u el estatuto a las co n ce s io n e s válidamente constituidas con anterioridad.

Y la m a n era correcta de e n te n der tal referencia es en el sentido a m plio q u e le otor g a el artículo 8° del C ódi g o del ra m o, q u eda n do a m parada s entonces bajo ese carácter excepcio n al, las pertenencias q u e arrienda el recurrente.

Vigésimo séptimo: Que para efectos de la aplicación de los artículos 64 bi s y 64 ter de la Ley sobre I m p u e s to a la Renta, el Servicio tuvo en cuenta q u e de acuerdo a lo s estatutos de constitución de la e m pre s a, el año 1986, la razó n social expresó co m o giro “[…] explorar el Salar de A taca m a, ubicado en la II re g ió n de Antofagasta, con el propó s ito de establecer las reservas de pota s io, boro y litio o de c u alq u ier otra sus ta n cia m i n era existente en ficho Salar, evaluar la factibilidad eco n m ica de la explotació n comercial de dichas sustancias y de sus su bprod u cto s [...] y llevar a cabo la explotació n , prod u cció n y comercialización de dic h a s sustancias y su b - prod u cto s [...]” Por lo q u e q u eda claro q u e se trata de un explotador m i n ero de una sustancia, para efectos del i m p u e s to, co n ce s ible.

Vigésimo octavo: Que sobre la alegación de vu l n eració n de la Ley N ro.20.026 y a lo s actos propio s del fiscalizador, lo cierto es q u e precisamente lo q u e hace el Servicio con la dictación de la Citación Nro.00, de 13 de n o vi e m bre de 2019, y las Liquidaciones N ro s . 000 y 000, es dar cumplimiento cabal al m a n dato legal de aplicación igualitaria de las cargas tributarias, en los casos en q u e se c um pla n los requisitos para ello. Por lo q u e no p u ede estimarse conculcado el principio de legalidad de lo s actos ad m i n i s trati v o s , si lo q u e hace es justamente c um plir la ley.

N i ngún perjuicio e n to n ce s p u ede denunciar el contribuyente si le asiste la obligación de re s po n der a la carga tributaria q u e le corre s po n de, prete n der lo contrario implicaría un favorecimiento al q u e no tiene derec h o.

Vigésimo noveno: Que todas las alegaciones acerca de la diferencia entre el contrato de arre n da m ie n to q u e ha celebrado y sus consecuencias para efectos del acuerdo de conciliación al q u e arribó, son debate s ajenos a la e v al u ació n q u e se pide en esta sede por lo q u e no serán ate n dido s en la m edida q u e involucran proble m a s contractuales específicos q u e tienen sus propio s m eca n i sm o s de s ol u ció n .

Trigésimo: Que en g e n eral la pr u eba rendida no aporta mejores dato s q u e no pro veng a n de lo reco n ocido por las partes co m o hecho material de la di s p u ta, ni sobre la interpretación del bloque de legalidad por estar co nfigu rado s s obre la base de opi n io n e s particulares.

Trigésimo primero: Que no se observa entonces n i ngun o de los vicios de legalidad q u e fun da m e n ta n la acción principal ión coada en estos autos, la q u e deberá ser rechazada.

Trigésimo segundo: Qu e, en su b s idio de la de m a n da principal, SS., dedujo recla m o en virtud de lo s artículos 124 y siguientes del Código Tributario, según expre s “[…] en base a lo s m i sm o s ar gum e n to s de hecho, exp u e s to s en lo principal y q u e por eco n o m ía procesal se entienden co m o íntegramente reprod u cido s , salvo en lo q u e dice relación a la n at u raleza del presente reclamo”. Tales cuestiones propia s son las q u e siguen.

Reconoce la reclamante q u e el artículo 5° del DL 2.886, constituye una declaración de reserva de propiedad del litio al Estado y q u e el artículo 2° Transitorio de la C o ns tit u ció n Política de 1980, en cuanto ésta reco n oce la invariabilidad de lo s derec h o s m i n ero s adq u irido s con anterioridad a la dictación del C ódi g o de Mi n ería de 1983, sin perjuicio de dejar su peditado s a las di s po s icio n e s del nuevo códi g o, lo relativo a su goce, cargas y exti n ció n , e n te n dido esto ú lti m o co m o manifestación de la garantía constitucional del derecho de propiedad. Sin e m bar g o, a fi r m a q u e ni esta reserva, ni la declaración de irretroactividad implican una declaración de inconcesibilidad del litio “co n excepciones”.

Trigésimo tercero: Que respecto de la irretroactividad de reserva de propiedad del litio, sostiene q u e el concepto de co n ce s ió n m i n era co m o un derecho real es una i nn o v ació n i n corporada a la C o ns tit u ció n de 1980 por la Ley N ro.18.097, O r g á n ica Constitucional de C o n ce s io n e s Mineras y el Código de Minería, de 1983, ya q u e el Código de 1932 hablaba de pertenencia, calificándolo co m o un bien i nmu eble, co nfun dié n do s e con las sustancias minerales contenidas en ellas, a diferencia de lo q u e ocurre h oy en día; de hecho la co n ce s ió n y la pertenencia tiene h oy registros co ns er v atorio s s eparado s . Y q u e el Decreto Ley 2.886, de 1979, al declarar la irretroactividad de la reserva, se refiere expre s a m e n te a las “pertenencias” v álida m e n te co ns tit u ida s , q u e no es exactamente lo mismo q u e la “co n ce s ió n ”, por lo tanto e n tie n de q u e el legislador se limitó a establecer una reserva estatal de la propiedad del litio, re sgu arda n do el derecho de propiedad adq u irido pre v ia m e n te s obre las “pertenencias” m i n era s , q u e a la fecha se e n co n traba n inscritas, esto es, s obre bienes q u e, a la época, estaban de fin ido s co m o bienes i nmu eble s , y q u e estaban en propiedad de particulares pero en n i ngún caso, podría interpretarse q u e esta n or m a al declarar la irretroactividad de la reserva, pretendió m a n te n er una suerte de concesibilidad del litio, en el sentido q u e la e n te n de m o s en la actualidad.

Trigésimo cuarto: Qu e, sin perjuicio de lo ya analizado en la acción principal de nu lidad, es importante advertir q u e la diferenciación a n otada aparece co m o artificiosa, si se tiene en cuenta q u e las reglas originales no hacen tal distinción, debiendo otorgarse a la nueva n or m ati v a el ámbito evidente de aplicación, esto es, q u e las pertenencias q u e actualmente implicarían una e v al u ació n acerca de su co n ce s ibilidad, según la sustancia de q u e se trata, tienen un m ar g e n limitado en razó n de la excepció n q u e el propio legislador ha deter m i n ado s obera n a m e n te.

Trigésimo quinto: Qu e, en un s e gun do orde n de ideas, la reclamante hace h i n capié en la n oció n de “cargas” q u e utilizan tanto el artículo s e gun do transitorio de la C o ns tit u ció n de 1980, co m o el primero transitorio de la Ley N ro. 18.097, O r g á n ica C o ns tit u cio n al de C o n ce s io n e s Mineras, asimilándolo al v ocablo e m pleado en el artículo 19 Nro.20 q u e garantiza a las per s o n a s la igual repartición de trib u to s y de más cargas pública s , con ello cree e n te n der q u e, no obstante el reconocimiento q u e se ha hecho del derecho de propiedad de los particulares s obre aq u ella s pertenencias m i n era s vigentes a la fecha de la dictación del Decreto Ley N ro. 2.886, de 1979, las cargas tributarias q u e p u diere n afectar las utilidades deri v ada s de la explotació n del litio en tales perte n e n cia s q u eda n subordinadas a las di s po s icio n e s del Código de Minería de 1983 y no p u ede aplicársele lo establecido en la Ley N ro. 20.026.

Trigésimo sexto: Que al respecto deberá estarse a lo ya analizado a propósito de la acción principal en q u e se ha de m o s trado la afectación del i m p u e s to de q u e se trata.

Trigésimo séptimo: Que también objeta en fo r m a s e parada pero con iguales ar gum e n to s la existencia de la obli g ació n tributaria, la existencia del sujeto gravado y el objeto de la obli g ació n , p u e s estima i m procede n te la aplicación del IEAM pro v e n ie n te s de la explotación del litio. Del m i sm o m odo, para de s ec h ar este ar gum e n to deberá estarse a lo ya exa m i n ado en la acción de nulidad y en particular a la circunstancia de q u e su propio estatuto societario adscribe tales características a la actividad q u e realiza y las sustancias q u e explota y v e n de.

Trigésimo octavo: Que igual constatación debe efectuarse respecto de la alegación acerca de la infracción de ley y el principio de legalidad en materia tributaria, la su p u e s ta vu l n eració n al artículo 26 del C ódi g o Tributario, sobre el desconocimiento de actos propio s y el eventual enriquecimiento sin causa por parte del Fisco de Chile, toda vez q u e aquel obte n dría un a um e n to patri m o n ial, a costa de un injustificado e ilegal e m pobreci m ie n to de SS, q u e carecería de causa legal, legítima y justa q u e lo sustente, debie n do e n te n der s e replicado el análisis y co n cl us io n e s en la exa m e n de la acción principal.

En todo caso, tal co m o hace notar la reclamada, ta m poco se trataría de un ca m bio de criterio contenido en al gun a circular, dicta m e n , i nfo r m e u otro doc um e n to oficial, q u e estuviese de s ti n ado a impartir instrucciones a los fun cio n ario s del Servicio o a ser co n ocido s de los co n trib u ye n te s en general o de uno o más de éstos en particular, tal co m o exige el artículo 26 del C ódi g o Trib u tario, sino q u e se trata de un proceso de fiscalización particular respecto de do s año s tributarios en particular, q u e debe apreciarse en su m érito.

Trigésimo noveno: Que en lo q u e toca a las liquidaciones propia m e n te tales, SS S. A. asevera q u e el Servicio las efectúa sobre la base de sostener q u e la m etodolo g ía q u e utiliza la e m pre s a es extra jurídica, no incluida en el artículo 64 ter de la Ley de I m p u e s to a la Renta, aun cuando ese Servicio reconocería q u e llevan al m i sm o resultado y su parte ha sido objeto de fiscalizaciones anteriores año s tributarios 2015 y 2016 en el mismo s e n tido.

Afi r m a también q u e se le agregan por el Servicio, no solo el m ar g e n de explotación del litio, sino otras partidas q u e dan co m o resultado una deter m i n ació n de la renta i m po n ible operacional m i n era (RIOM) aún más g ra v o s a para el contribuyente, sin dar explicación. Estas otras partidas corre s po n dería n a las actividades m i n era s y no m i n era s q u e no fo r m a n parte del asunto co n tro ve rtido de fondo y q u e ya estaban incluidas en la declaración de renta i m po n ible operacional m i n era e IEAM del contribuyente. Y el servicio efectuaría ajustes totales incurriendo en duplicidades, errores e inexactitudes de partida o considerando partida s q u e no corre s po n de, detallándolas.

Cuadragésimo: Que tales alegaciones se e n c u e n tra n por m e n orizada s en la parte expositiva del fallo q u e se revisa, sin e m bar g o, serán de s ec h ada s porq u e la m i sm a contribuyente reco n oce q u e la fo r m a de deter m i n ació n de la Renta I m po n ible Operacional Mi n era efectuada por ella no se ajusta a lo establecido en el artículo 64 ter, de la Ley sobre I m p u e s to a la Renta, ya q u e dicho artículo exige q u e se co ns tr u ya partir de la Renta Líq u ida I m po n ible. Ta m bié n porq u e las liquidaciones de i m p u e s to s debe n ser confeccionadas de acuerdo con las instrucciones del Servicio y no mediante la s i m ple discreción de los fun cio n ario s o del contribuyente, en el formato dispuesto para tal efecto. Y ade más porque no da cuenta en su objeció n de las conciliaciones efectuadas luego de la Citación.

Pero fun da m e n tal m e n te porq u e todas estas alegaciones se han efectuado s obre la base de pedir bá s ica m e n te una re - deter m i n ació n de la Renta Líq u ida I m po n ible del I m p u e s to de Primera Categoría, pero co m o las pre s e n te s liquidaciones corre s po n de n al I m p u e s to Específico a la Minería no resulta procede n te co m pe ns arlo con diferencias de otros i m p u e s to s no liq u idado s , aun c u a n do deba reconocerse po s terior m e n te su incidencia e invocar en su oport un idad el artículo 126 del C ódi g o Tributario y solicitar las de vo l u cio n e s correspondientes, si procedieren.

Cuadragésimo primero: Que en todo caso y atendido q u e el Servicio recla m ado indicó también q u e revisó lo s ajustes exp u e s to s por el contribuyente verificando la existencia de errores aritméticos y e s ti m a n do procede n te al gun a s de las alegaciones de carácter co n table, debe entenderse q u e la recla m ada está de ac u erdo con las re - determinaciones prop u e s ta s por el contribuyente en las pá g i n a s

90 y 91 del recla m o, las q u e fueron efectuadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 Ter, de la Ley Sobre I m p u e s to a la Renta. Así co m o otras q u e detalla, de m a n era q u e deberá accederse a las m i sm a s .

En co ns ec u e n cia y vistos, ade más de las n or m a s citadas, lo dispuesto en lo s artículos 140 y s i gu ie n te s del C ódi g o Tributario, se resuelve:

I. - Que se rechaza el recurso de casación en la forma.

II.- Que se revoca la s e n te n cia de siete de n o v ie m bre de do s mil v ei n tidó s , dictada en el RUC 21 - 9 - 0000504 - 6, RIT GR - 15 - 00084 - 2021, el Primer Trib un al Tributario y A d u a n ero de la Región Metropolitana, en cuanto acogió la acción de nulidad de derecho público diri g ida a i m p ugn ar la Citación Nro.00, de 13 de n o vi e m bre de 2019, y las Liquidaciones N ro s . 00 y 000, a m ba s de 29 de s eptie m bre de 2020, dictada s por la Dirección de Grandes C o n trib u ye n te s del Servicio de I m p u e s to s I n ter n o s y en su lugar se decide q u e ésta q u eda rechazada.

III.- Que se acoge el recla m o ded u cido de m a n era subsidiaria pero s ola m e n te respecto de las partida s mal calculadas q u e reco n oce el Servicio de I m p u e s to s Ién ter n o s y q u e se indican en el considerando c u adra g s i m o pri m ero de este fallo, debie n do éste proceder a su correcció n en su oport un idad.

Regístrese y devuélvase.

Redactada por la m i n i s tra (S) s eñora Lidia P oza Matus.

No firma el Ministro s eñor Miguel V ázq u ez Plaza, no obstante h aber co n c u rrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Rol Tributario N°312-2022 . -

P ro nun ciada por la Undécima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de S a n tia g o, pre s idida por el Ministro s eñor Miguel Vázquez Plaza, e integrada por la Ministra señorita Ro m y Rutherford Parentti y la Ministra (S) s eñora Lidia P oza Matus.