Santiago, tres de mayo de dos mil veintitrés.

Proveyendo a los escritos folios 37 y 38, téngase presente.

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones: i/ en el número 7. del fundamento Cuarto se sustituye la palabra “reclamada” por la voz “reclamante”; ii/ se elimina el motivo Décimo Primero.

Y se tiene además presente:

Primero: Que el presente proceso se inició por reclamo tributario interpuesto contra la Resolución Exenta N° XX, de 4 de mayo de 2016, que rechazó la devolución del Pago Provisional por Utilidades Absorbidas ascendente a $XXXXX.- solicitada por IDIL en su declaración anual de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2015.

Segundo: Que la parte reclamante se alzó contra la sentencia de primera instancia por la vía del recurso de apelación, solicitando que se revoque el fallo por haber prescrito la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, según lo dispuesto en el artículo 8 N°1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, debiendo, a su juicio, acogerse la excepción de prescripción de la acción en relación a la emisión del acto reclamado.

Respecto de dicha alegación se dio traslado a la parte reclamada, quien evacúa el mismo manifestando que dicho argumento no fue objeto del juicio, y en caso de entenderse que se trata de una excepción de prescripción, estima que debe ser rechazada, en tanto fue interpuesta en una instancia no contemplada en la ley, lo que además determinaría la improcedencia del recurso de marras por falta de causa.

Tercero: Que es posible advertir que la parte reclamante pretende que el conflicto sea resuelto mediante la aplicación de la norma del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, referido a las Garantías Judiciales, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Ahora bien, la eventual cabida que pueda darse a esta regla en un proceso judicial dice relación únicamente con una consideración de racional y justo procedimiento, esto es, de debido proceso y no con aspectos sustantivos propios de la prescripción extintiva o liberatoria. En ese contexto, la ley chilena no sólo no define qué debe entenderse por “plazo razonable”, sino que tampoco señala qué consecuencias se siguen de estimarse vulnerada esta garantía judicial en caso de sobrepasarse ese “plazo razonable”. De producirse esta última situación, el efecto esperable no puede ser otro que la ineficacia de ese procedimiento en que no se ha observado una de las garantías que se considera como mínimas, en tanto evidentemente ha de reconocerse una consecuencia por la contravención que de no haberla privaría a la garantía de toda significación práctica.

En este entendido, y aun aceptando la posibilidad de declarar tal ineficacia no obstante no contemplársela en el ordenamiento, en el caso de la especie, no puede estimarse que se haya sobrepasado el término razonable a que se refiere la regla internacional, máxime si se tiene presente que la parte reclamante pretende remontar el inicio de la controversia al año 2007, época en que se gestaron las pérdidas de la sociedad, en circunstancias que el proceso se inició con la interposición del reclamo el 24 de agosto de 2016, unido a la situación de pandemia que afectó al país desde el mes de marzo del año 2020, lo que provocó que recién con fecha 13 de junio de 2022 se citara a las partes a audiencia de conciliación.

En tales condiciones y por no advertirse contravención a la regla del tratado internacional que se ha invocado para sustentar la pretensión que equivocadamente se denominó de prescripción, ésta debe ser desechada.

Cuarto: Que en cuanto a la excepción de prescripción de la acción fiscalizadora fundada en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, este tribunal no se hará cargo de lo denunciado por cuanto no fue planteado en la oportunidad procesal pertinente, es decir, nada se dijo ni en primera ni en segunda instancia sobre el particular, no siendo el escrito de impugnación la vía pertinente para ello.

A mayor abundamiento, en relación a la pérdida de arrastre, es necesario aclarar que respecto de aquellas declaraciones de renta en que se absorben utilidades acumuladas, como se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, la entidad fiscalizadora tiene facultades para solicitar antecedentes de respaldo que justifiquen la pérdida, independientemente de la data de origen de la misma, por cuanto lo relevante es el periodo tributario en que el contribuyente hace uso de ella. En el caso que se revisa, la parte reclamante afirma que la pérdida se origina en el año comercial 2007 y que el contribuyente la rebaja como gasto en el AT 2015, emitiéndose la resolución impugnada el 4 de mayo de 2016, esto es, dentro de los plazos de prescripción previstos en las normas aludidas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 140 y siguientes del Código Tributario, se confirma la sentencia apelada de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, en causa RIT N° GR-17-00211-2016.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Rol N° 34-2023 – Tributario y Aduanero

Pronunciado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) MEVP., LA.LV y Abogado Integrante Rafael Mauricio Plaza R. Santiago, tres de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a tres de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.