C.A. de Santiago

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veinte.

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus

motivos Decimotercero al Decimoquinto que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

I.- En cuanto a la petición de nulidad de la Liquidación:

Primero: Que, el reclamo tributario se asila en dos capítulos; el

primero, descansa en el cuestionamiento de la validez jurídica de la

notificación de la citación y de la liquidación emanadas del

procedimiento de fiscalización, atendido a que la empresa fue objeto de

un proceso de declaratoria de quiebra, que luego fue anulado por

sentencia de casación dictada por la Excma. Corte Suprema,

emplazándose al Síndico de Quiebras, en circunstancias que ya no

detentaba la calidad de representante legal de la contribuyente; y el

segundo reproche, se fundamenta en una falta de prolijidad por parte del

Servicio de Impuestos Internos, al no apreciar los ingresos de la

contribuyente en sus declaraciones mensuales de impuestos

consignadas en los formularios 29, relacionadas con la compra de

dólares, valorando y ponderando, únicamente, la venta de dichas

divisas, desconociendo su costo previo, reclamando, además, una falta

de fundamentación en la liquidación.

Segundo: Que, en relación con el reproche de nulidad, la

sentencia del tribunal a quo, ahonda en las razones jurídicas por las

cuales desestima la existencia de vicios en relación con la citación

conforme al artículo 63 del Código Tributario, decisión respecto de la

cual la contribuyente no ejerció recurso alguno y, en consecuencia, de

haber existido algún vicio en dicha actuación, el mismo ha sido

debidamente subsanado por la falta de impugnación respecto de la

decisión contenida en la sentencia.

No obstante lo anterior, el juez a quo acogió una alegación no tan

bien desarrollada por el contribuyente y respecto de la cual, no se recibió

la causa a prueba, en relación con una supuesta nulidad de la notificación de la liquidación, atendido a que la misma habría sido dirigida a quien ostentaba el cargo de Síndico de Quiebras de la

reclamante, en circunstancias que dicho cargo había perdido eficacia

con el dictado de la sentencia de casación de la E. Corte Suprema.

Tercero: Que, para analizar el reproche en cuestión, hay que

precisar que el actor, de manera desarticulada, abordó los efectos de la

sentencia de casación en relación con el procedimiento de fiscalización,

sin solicitar, explícitamente la nulidad de dichos actos, sino que lo pedido

fue el “rechazo por formalidades al momento de realizada la

notificación”.

Pues bien, entendiendo que dicha petición pudiere abordar la

nulidad del acto trámite de notificación de la liquidación, hay que

adelantar que dicha solicitud debe ser desestimada en todas sus partes.

En efecto, en el estudio de este capítulo hay que separar el acto

administrativo de la liquidación propiamente tal, con el acto de su

notificación.

De la lectura de la notificación de la liquidación de fojas 11, se

advierte que la misma fue dirigida a la contribuyente Comercial

Automotriz Larruy Limitada, domiciliada en yyyyyyyyyy, comuna

de Las Condes, indicándose como representante legal al Síndico de

Quiebras don Ricardo Alid Aleuy. Si bien es cierto que, a la fecha de

emisión de la liquidación, esto es, al 23 de marzo de 2016, el Síndico de

Quiebras ya no representaba a la contribuyente, como dan cuenta las

sentencias acompañadas en la presentación de fojas 152, lo cierto es

que la notificación por cédula de la liquidación fue dirigida al

contribuyente y entregada en su domicilio comercial el 24 de marzo de

2016, como lo reconoce la propia actora a fojas 3.

Cuarto: Que, en este escenario, el vicio cometido por el Servicio

de Impuestos Internos en cuanto a consignar como nombre del

representante legal de la contribuyente al del Síndico de Quiebras, no es

de tal entidad como para anular el acto de la notificación de la

liquidación. En efecto, en cuanto a la notificación de la liquidación

considerada como acto procesal, es aplicable a su respecto el

PXFLGXMVPX

denominado principio de la trascendencia, que ha sido concebido

señalando que “procede la nulidad de un acto del proceso cuando la

irregularidad que le sirva de antecedentes corrompe su sustancia y le

impide cumplir el fin para que fue establecido en la ley” (Salas Vivaldi,

Julio. Los incidentes y en especial el de nulidad en el proceso civil, penal

y laboral, 7° ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2000, p. 85).

Reforzando esta idea, Couture señaba que la nulidad “es la

desviación en los medios de proceder. Esos medios de proceder no son

nunca, como su nombre lo indica, fines en sí mismos, ya que el

procedimiento por el procedimiento no se concibe. Sólo se concibe

como posibilidad formal de obtención de ciertos fines” Couture Eduardo

J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Thomson Reuters,

2010, Santiago, p. 314). Agrega este autor que, “la antigua máxima ‘pas

de nullité sans grief’ recuerda que las nulidades no tienen por finalidad

pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieren

surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta

desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los

litigantes” (ob. cit., pg. 352).

Y, precisamente, el principio francés antes enunciado que señala

que no hay nulidad sin perjuicio fue recogido en el artículo 83 del Código

de Procedimiento Civil, al establecer que el vicio debe irrogar a alguna

de las partes un perjuicio reparable sólo con la declaración de nulidad.

En consecuencia, el mero error de singularización del

representante legal no trae aparejado, per se, un vicio que justifique la

declaración de nulidad del acto de la notificación, al no afectar la esencia

de dicho acto no tener la trascendencia suficiente para ello.

Quinto: Que, siendo la nulidad una materia transversal en el

derecho, si analizamos la notificación de la liquidación considerada

como un acto administrativo trámite, también la Ley N°19.880 se ocupa

de regular la nulidad de dichos actos, estableciendo en el inciso 2° del

artículo 13 que: “El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la

validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial

PXFLGXMVPX

del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento

jurídico y genera perjuicio al interesado”.

La exigencia del perjuicio y la exigencia que el vicio afecte a un

requisito esencial del mismo acto hace necesario determinar si el vicio

denunciado reviste la entidad suficiente para provocar su anulabilidad.

Sexto: Que, como se señaló, es un hecho asentado en la causa

que la notificación de la Liquidación N°315000000002 de 23 de marzo

de 2016 se dirigió al contribuyente xxxxxxxx Limitada,

nnnnnnnnnnn, con domicilio en yyyyyyyyyy, comuna de

Las Condes, indicándose como representante a don Ricardo Alid Aleuy.

Si bien el último dato consignado en el encabezado de la

Liquidación, donde se singulariza como representante al Síndico de

Quiebras no es tal, dicho error, si es que puede calificarse como vicio,

en caso alguno tiene la entidad suficiente para provocar la nulidad del

acto de la notificación de dicha liquidación.

Para arribar a esta conclusión es menester poner de relieve que el

contribuyente ejerció, dentro de plazo, su acción de reclamación contra

la Liquidación respectiva, ejerciendo su derecho con pleno conocimiento

de los antecedentes de hecho y de derecho que fundan la pretensión

impositiva fiscal. Y, tanto es así, que cuestionó el fondo de las

argumentaciones del Servicio, en orden a que el ente fiscal no habría

considerado el costo previo de la adquisición de las divisas que

provocaron un valor que aumentó la base imponible del impuesto de

primera categoría declarado para el año tributario 2013.

En suma, es nítido que al haber ejercido oportunamente y con

pleno conocimiento de los antecedentes en su contra la respectiva

reclamación tributaria, no existe perjuicio alguno que pueda ser

subsanado con la declaración de nulidad de la notificación de la

Liquidación impugnada.

Asimismo, el error incurrido no tiene la trascendencia y entidad

suficiente para anular el acto de su notificación desde que la Liquidación

fue dirigida al contribuyente con expresa singularización de esta, no

pudiendo alegarse ignorancia al respecto.

PXFLGXMVPX

Séptimo: Que, por lo anteriormente razonado, las alegaciones de

nulidad de la liquidación deben ser desestimadas en todas sus partes.

II.- En cuanto al fondo de los argumentos dirigidos contra la

Liquidación:

Octavo: Que, en cuanto al fondo de los fundamentos que

motivaron la emisión de la liquidación reclamada, hay que precisar que

el reclamante únicamente cuestiona en su pretensión, que el Servicio

habría obrado de manera poco prolija, al no considerar e costo de la

compra de dólares como antecedente previo, señalando que: “(…) la

empresa sólo debería pagar impuesto por la utilidad de a lo sumo

$18.569.884”, fundando dicha aseveración con un cuadro de ventas

preparado en forma particular, con elementos que constarían en sus

declaraciones. Por cierto, el documento acompañado es una simple

planilla Excel elaborada por el propio contribuyente.

Noveno: Que, el inciso primero del artículo 21 del Código

Tributario establece que: “Corresponde al contribuyente probar con los

documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca,

en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus

declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las

operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto”.

Asentada la carga probatoria del actor, hay que hacer hincapié

que la reclamante no desplegó ninguna actividad probatoria tendiente a

justificar la pretensión deducida y acreditar el origen de las divisas, en

cuanto a su costo de adquisición y su posterior enajenación, con el

consecuente mayor valor obtenido.

Es más, el reclamante afirma sin ningún desarrollo lógico y

coherente, que a lo sumo le correspondería pagar un impuesto de

18.569.884, sin explicar la composición de renta líquida imponible para

llegar a tal resultado.

En este punto, hay que resaltar que la coherencia procesal exige

un deber de fundamentación de los litigantes en orden a fundamentar

sus peticiones, cuestión que en la especie no ocurre, desde que el

PXFLGXMVPX

reclamante afirma, sin ningún análisis contable y tributario que,

eventualmente, podría adeudar la suma de impuesto que señaló.

Sin embargo, en la causa no se rindió prueba pericial contable que

explicase cómo se arriba a tal conclusión, tampoco se acompañaron las

declaraciones juradas contenidas en el Formulario 29, el Formulario 22,

el Balance General, la determinación de la Renta Líquida Imponible,

copias de las facturas de compra y venta de los dólares respectivos,

junto con las copias de los libros diarios y mayores en que aparezcan

asentadas las partidas contables respectivas, incumplimientos a su

carga procesal derivada del onus probandi que ponen de manifiesto la

absoluta falta de verosimilitud de su pretensión.

Décimo: Que, en esta causa no existe la más mínima actividad

probatoria idónea para justificar el supuesto error cometido por el

Servicio de Impuestos Internos al liquidar la diferencia de impuesto de

primera categoría, razón más que suficiente para rechazar el reclamo y

condenar en costas del recurso a la reclamante, por haber resultado

totalmente vencida y no tener, motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto,

además, lo dispuesto en los artículos 140 y siguientes del Código

Tributario, se revoca, con costas del recurso, la sentencia de

veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 233 y

siguientes, dictada por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero y en su

lugar, se decide:

I.- Que, se rechaza, en todas sus partes, el reclamo tributario

deducido por xxxxxxx Limitada en contra de la

Liquidación N°315000000002 de 23 de marzo de 2016, emitida por la

Dirección Regional Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos,

confirmándose dicho acto administrativo tributario en todas sus partes.

II.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, letra B,

N°6° del Código Tributario, el Director Regional Santiago Centro del

Servicio de Impuestos Internos deberá disponer el cumplimiento

administrativo de la presente sentencia definitiva.

Redacción del Ministro señor Muñoz Pardo.

PXFLGXMVPX

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Rol N°Tributario y Aduanero-83-2019.