Santiago, diez de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos: En los autos Rol Nº 252-2017 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación tributaria iniciado por don xxxxxxxxxxxxxx, en representación convencional de la sucesión denominada xxxxxxxxxxxxx, integrada por los herederos Patricio Marcos, Luis Humberto, Mauricio Ricardo, Christian Alejandro, Victoria Cecilia de Lourdes y Mónica Jenny, todos apellidados xxxxxxxxxxxxx, además de la cónyuge sobreviviente doña xxxxxxxxxxxxxxxxx, por sentencia de veinte de junio de dos mil dieciséis, escrita a fs. 383 y siguientes, se negó lugar al reclamo interpuesto en contra de la Liquidación Nº 388 de 20 de julio de 2015, emitida por la II Dirección Regional Antofagasta del Servicio de Impuestos Internos, sin imponer costas a la parte vencida, por estimar que ha tenido motivo plausible para litigar. Apelada dicha decisión por los reclamantes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta la confirmó mediante resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, rolante a fs. 467. En contra de este pronunciamiento, la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo en lo principal de fs. 468, el que fue ordenado traer en relación a fs. 499. Considerando:

Primero: Que, por el recurso de casación en el fondo se denuncian como infringidos los artículos 21, 200 y 6 B Nº 5 del Código Tributario, disposiciones todas a las que se atribuye el carácter de decisorio litis, señalando que el error de derecho que se denuncia dice relación con la obligación del contribuyente de probar los costos de adquisición de las pertenencias mineras objeto del contrato. Al respecto, reconociendo su parte la obligación de acreditación que le impone el artículo 21 citado, expresa que en el caso en estudio resulta necesario advertir que tales costos se han generado desde el año 1992 y han sido declarados ante el Servicio de Impuestos Internos desde esa misma fecha hasta el año 2012, siendo consignados en el libro de contabilidad de la sucesión, el que cumple los requisitos de los artículos 17 y 18 del Código Tributario, por lo que la exigencia de aportar materialmente los antecedentes de respaldo implica cargarle con una prueba imposible. Este hecho, entonces, configura un evidente impedimento probatorio, y da cuenta que el Servicio de Impuestos Internos no ha considerado las declaraciones que su parte ha hecho a lo largo de los años.

Por ello, sostiene que se infringe el artículo 21 del Código Tributario, al restar eficacia a las declaraciones contenidas en los formularios 22 y en los libros de la sucesión; el artículo 200 del Código Tributario, al requerir

información de respaldo de operaciones realizadas 20 años atrás, en circunstancias que la ha tenido a su disposición todo este tiempo sin solicitarla para determinar el costo en la oportunidad respectiva, de manera que concluye que ha operado la prescripción extintiva de la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Refuerza esta conclusión, en su concepto, la circunstancia que el legislador tributario establece un límite temporal respecto de la obligación de conservar los libros de contabilidad con su documentación de respaldo, término que tiene el Servicio de Impuestos Internos para revisar las declaraciones formuladas por el contribuyente y que incluso se encuentra extinguido a partir del primer proceso fiscalizatorio realizado en 2011, oportunidad en la que se produce el pago de las primeras cuotas del contrato de opción que alude.

Asimismo, denuncia el error de derecho cometido al interpretar

erróneamente el artículo 200 del Código Tributario desde una segunda

perspectiva, expresando al efecto que el Servicio de Impuestos Internos ha

manifestado dos posiciones sobre el momento en que se produciría el hecho

generador del impuesto, todo esto a propósito del contrato de opción unilateral

de compra celebrado en 2007 de las pertenencias mineras que citan. La

primera, en el año 2011, al realizar una auditoría tributaria sobre la base de

considerar que el hecho estaba constituido por el pago de las primeras cuotas

del contrato, esto es, considerándolo un contrato de ejecución inmediata, sin

que tuviera relevancia el ejercicio de la aludida opción, procediendo su parte de

acuerdo con tal comprensión a pagar el impuesto a que dieron lugar las

liquidaciones 150, 151 y 152 del mismo año, por renta primera categoría

respecto de la sucesión y global complementario, respecto de los comuneros

hereditarios.

No obstante ello, en 2015 el Servicio de Impuestos Internos vuelve a

fiscalizar, abarcando en el proceso todos los pagos efectuados durante la

vigencia del contrato, estableciendo con ello un criterio conforme al cual el

impuesto debía declararse cuando se pagase la última cuota, es decir, cuando

se produjese la acepción de la opción de compra, lo que significa que el

contrato se comprende como de larga ejecución. En tales términos, realizando

el cómputo del plazo de prescripción conforme los pagos realizados a propósito

del contrato de opción de compra, los períodos correspondientes a los años

tributarios 2008, 2009, 2010 y 2011 se encontrarían prescritos a estos efectos,

quedando como partida afecta y susceptible de revisión el año tributario 2012,

comercial 2011.

Lo anterior, señala, se traduce en que conforme la opción interpretativa

que se tome, esto es, si es un contrato de ejecución inmediata o de larga

ejecución, la base imponible determinada por el Servicio de Impuestos Internos

variará ostensiblemente, como también la vigencia de la acción fiscalizadora,

según el punto de partida del cómputo del plazo de prescripción. La existencia

de estas contradicciones, entonces, le lleva a analizar el comportamiento del

Servicio y le permite sostener que al haber manifestado el referido ente una

determinada comprensión de la situación en revisión y, a su vez, al haber

pagado su representada el impuesto correspondiente de acuerdo a tal

entendimiento, el cómputo del plazo de prescripción corre desde el momento

en que ha debido realizarse – y se ha realizado- el pago del tributo generado

por cada cuota devengada, de manera que solo es posible revisar aquella que

corresponde pagar en el año tributario 2011, esto es, la referida al ejercicio de

la opción de compra minera en comento y no, como pretende el Servicio, por la

totalidad de la opción, cuyos pagos comenzaron en 2008.

Por último, expresa que lo decidido quebranta lo dispuesto en el artículo

6 letra b), numeral 5° del Código Tributario ya que el Servicio de Impuestos

Internos, durante la vigencia del proceso de reclamación judicial, adujo un

supuesto error cometido en el primer proceso fiscalizatorio del año 2011 y

utilizando la facultad consagrada en la norma citada, dejó sin efecto los actos

administrativos que nacieron de él en términos tales que quedó vigente sólo el

proceso del año 2015 y con ello, sin efecto las contradicciones que permitían a

su parte alegar la prescripción de la acción fiscalizadora de los años tributarios

indicados en el reclamo. En tales términos, señala que cabe preguntarse si al

corregir ese error lo que hizo el Servicio de Impuestos Internos fue –en

realidad- formular un cambio de criterio en su beneficio, ya que, de acuerdo al

análisis que realiza de los requisitos que consagra la norma citada, no queda

claro cuáles son los yerros o vicios de que adolecen las liquidaciones de 2011,

teniendo en todo caso hacer uso de dicha facultad cuando la petición o el

contenido de la misma ya ha sido planteado por el contribuyente al órgano

jurisdiccional.

En consecuencia, termina solicitando acoger el recurso y, en sentencia

de reemplazo, revocar lo resuelto en primera instancia, acogiendo el reclamo

deducido, declarando la prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio de

Impuestos Internos, con costas.

Segundo: Que, para una adecuada comprensión del asunto, es

conveniente precisar que son hechos de la causa los que siguen:

1.- Que la reclamante celebró con fecha 16 de octubre de 2.007 un

contrato de opción de compra de pertenencias mineras de su propiedad, cuyo

precio se pagaría en 10 cuotas, venciendo la primera de ellas el día 16 de

octubre de 2.007 y la última el 28 de abril de 2011, y cuya sumatoria asciende

a la suma de $7.671.671.086.-

2.- Que en el año 2011 se llevó a cabo – respecto de la reclamante - el

proceso de fiscalización de que da cuenta la Citación N°56 y la Liquidación

N°150, ambas del año 2011, respecto de la reclamante; y las liquidaciones N°

151, 152 y 153 respecto de los comuneros, vinculado al contrato de opción de

compra ya referido y a la aceptación de su cuota, y en el cual el Servicio de

Impuestos Internos objetó ingresos no declarados por el contribuyente durante

el año tributario 2008, entendiendo que una proporción del precio estipulado,

pagado en dicho período, estaba afecto al impuesto de primera categoría.

3.- Que en el año 2012 la reclamante determinó su base imponible

considerando para ello como ingreso la suma de $7.671.671.086.-, suma que

corresponde al total del precio pactado en el contrato de opción de compra; y

como costo de la referida venta la suma $2.261.412.094, lo que da como base

imponible de impuesto único declarado la suma de $5.410.258.992.-

4.- Que en el año 2015 se verificó un proceso de fiscalización que se

inició con la Citación N°56 y culminó con la Liquidación N°388, reclamada en

estos autos, vinculado con el mismo contrato de opción de compra referido en

el número 1.-, en el cual el ente fiscalizador no impugnó el monto de los

ingresos obtenidos en la enajenación de las pertenencias mineras que la

reclamante consideró al determinar su impuesto de primera categoría en

carácter de único, sino que por el contrario, lo consideró como cierto

limitándose a cuestionar sólo el monto del costo de venta de dicha

enajenación, concluyendo que no se encontraba acreditada la suma de

$2.258.926.201, determinando una diferencia en el impuesto declarado por la

contribuyente respecto del año tributario 2012 y que tiene su causa en el mayor

valor obtenido por ésta en la enajenación ya referida, diferencia que asciende a

la suma de $457.658.447.-

5.- Que el Servicio de Impuestos Internos basó su decisión en los

antecedentes aportados por la propia reclamante, toda vez que consideró la

base imponible indicada en la declaración de Impuesto a la Renta del año

tributario 2012, ascendente a $5.410.258.992, como también el monto del

impuesto determinado y declarado por el contribuyente en la misma

declaración de impuesto, ascendente a $ 1.082.051.798.-

6.- Que la Liquidación 388 reclamada dice relación con un impuesto

sujeto a declaración, que ha debido pagarse el 30 de abril de 2012 y fue

notificada con fecha 30 de julio de 2015.

7.- Que el Servicio de Impuestos Internos, mediante Resolución de 04

de enero de 2016, de oficio dejó sin efecto las Liquidaciones N°150, 151, 152 y

153 con sus respectivos giros emitidos y notificados a la reclamante y sus

comuneros. 8.- Que el libro de contabilidad americana presentado por la reclamante

no se ajusta a prácticas contables adecuadas que reflejen claramente el

movimiento de la contribuyente, al carecer de anotaciones cronológicas y

detalladas de los distintos hechos económicos ocurridos en la empresa, como

asimismo de la documentación de sustento de las anotaciones contables

realizadas.

Tercero: Que, sobre la base de los hechos reseñados en el motivo que

precede, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primer

grado que rechazó el reclamo, teniendo para ello en consideración que – en lo

pertinente al recurso- la liquidación reclamada es el acto final de un proceso de

fiscalización iniciado en el año 2015 respecto de la situación impositiva de la

reclamante declarada por la contribuyente en el año tributario 2012, que ha

considerado como hecho generador del impuesto el contrato de opción

unilateral de compra, por lo que no resulta efectivo que sea el Servicio de

Impuestos Internos quien postule una doble interpretación respecto del hecho

generador del impuesto relacionado con el cumplimiento del contrato de opción

de compra, ya que ella emana de la propia reclamante, quien no obstante

conocer de la existencia y contenido de las Liquidaciones N° 150 – emitida a su

respecto - y N° 151, 152 y 153, en relación a sus comuneros, de todas

maneras consideró como ingresos afectos al impuesto de primera categoría en

carácter de único, el total del precio de la enajenación aludida.

Que la referida interpretación se encuentra reforzada por la decisión del

Servicio de Impuestos Internos que, al dejar sin efecto las Liquidaciones N°

150, 151, 152 y 153 ajustó su proceder a lo obrado por la contribuyente en

cuanto a la afectación de los ingresos obtenidos en el contrato de opción de

compra, quedando en definitiva, su afectación en el año tributario 2012, como

lo decidió y declaró la propia contribuyente Sucesión Luis Céspedes Muñoz.

En estos términos, tratándose de una fiscalización del período tributario

declarado en el año 2012 y en el cual hubo citación, el plazo de tres años de

que disponía el Servicio de Impuestos Internos para su revisión, de acuerdo a

lo prescrito en el artículo 200 inciso 1° del Código Tributario, se amplió en 3

meses, por lo que al notificar el acto recurrido el 30 de julio de 2015 el referido

servicio actuó en tiempo, de manera que, consecuencialmente, la prescripción

hecha valer debe ser rechazada.

A su turno, en lo relacionado a la acreditación de los costos

cuestionados al determinar el resultado tributario en la enajenación de las

pertenencias mineras, los sentenciadores de segundo grado confirmaron lo

decidido en primera instancia que lo tuvo por no demostrado, sobre la base de

concluir que la documental ofrecida sobre patentes mineras, manifestaciones,

solicitudes de mensura, extractos y boletas de honorarios que citan no

corresponden a las pertenencias mineras enajenadas o al contribuyente

fiscalizado, por lo que no son pertinentes; los comprobantes de pago de gastos

para amparar la pertenencia no forman parte del costo invocado, por lo que

han de ser desestimados; el libro de contabilidad americana acompañado no

se ajusta a prácticas contables adecuadas que reflejen claramente el

movimiento de la contribuyente, al carecer de anotaciones cronológicas y

detalladas de los distintos hechos económicos ocurridos en la empresa, como

asimismo de la documentación de sustento de las anotaciones contables

realizadas, y las declaraciones presentadas en las que consta la existencia de

costos involucrados respecto del activo inmovilizado no permiten por si solas

tener por acreditado que estos valores correspondan al costo de las

pertenencias mineras enajenadas, debiendo necesariamente ser sustentadas

con la documentación de respaldo que acredite su existencia y naturaleza,

antecedentes que no se contienen en la declaración referida en circunstancias

que recaía sobre la reclamante la carga de probar la efectividad de sus dichos,

lo que involucraba acreditar la efectiva existencia del costo de adquisición que

pretendía deducir de sus ingresos, debiendo – para tales efectos- mantener en

su poder todos los antecedentes que son necesarios para acreditar la

veracidad y suficiencia de las operaciones que ha realizado, y que justifican la

forma y cuantía de la obligación tributaria.

Cuarto: Que, corresponde entonces, analizar la impugnación deducida,

advirtiendo que ella se estructura postulando, en primer término, las

inconsistencias que describe en el proceder del Servicio de Impuestos Internos

al conducir dos procesos fiscalizatorios sobre la base de interpretaciones

contrapuestas respecto del momento en que se genera el hecho gravado y que

se relaciona con un mismo acto jurídico, lo que trae importantes consecuencias

para la vigencia y alcance de la acción hecha valer por la autoridad a través de

la liquidación cuestionada; la vigencia de su obligación de conservar la

documentación de respaldo de las declaraciones presentadas ante la autoridad

tributaria y de los libros contables, en segundo lugar; y el recurso improcedente

a la facultad consagrada en el artículo 6 B N° 5 del Código Tributario para dejar

sin efecto las liquidaciones emitidas en 2011, que determinan diferencias de

impuestos, sobre la base de los ingresos correspondientes a la primera cuota

del precio del contrato tantas veces referido, en circunstancias que su

existencia era fundamento de las alegaciones de prescripción vertidas en el

reclamo de autos.

Quinto: Que, para determinar la suerte del arbitrio en estudio, debe

advertirse previamente que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto

velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas llamadas a dirimir

la controversia, con el objeto de que este tribunal pueda cumplir con la función

uniformadora del derecho asignada por la ley. Al respecto, este tribunal ya ha

señalado que este motivo de nulidad sustancial se restringe a las resoluciones

que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil dispone, cuando

denuncien yerros de carácter decisorio litis, relacionados con las normas que

resuelven el fondo del asunto debatido, por lo que los errores de derecho sólo

se pueden determinar sobre la base de esta vertiente ya que no cualquier

transgresión de ley resulta idónea para provocar la nulidad de la sentencia

impugnada -pues la nulidad no se configura en el mero interés del mandato

general y abstracto de la norma- sino sólo aquélla que haya tenido incidencia

determinante en lo resuelto, esto es, el quebrantamiento de un precepto que en

el caso concreto ostente la condición de ser decisorio.

Asimismo, como consecuencia de su consagración y sistematización

legislativa y jurisprudencial y, atendido lo dispuesto en el artículo 785 del

Código de Procedimiento Civil, para que esta Corte pueda pronunciarse sobre

el libelo de la manera pretendida por la recurrente, esto es, acogiendo la

reclamación deducida, es imprescindible que la materia objeto del juicio haya

sido abordada en cada uno de sus extremos, porque al omitirse algún aspecto

relacionado con lo decisorio, el recurso carece de todas las pretensiones que,

en caso de ser aceptadas, pueden justificar la nulidad del juicio.

Por último y siempre en relación a las exigencias que impone el artículo

785 citado para poder dictar sentencia de reemplazo, se debe tener

particularmente en cuenta que, al no constituir esta sede instancia, la revisión

de los hechos asentados en el juicio y que determinan la aplicación de las

normas sustantivas a dirimir lo debatido no es posible, salvo que se denuncie

que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado del onus

probandi legal o se han apartado en el examen de los mecanismos de

convicción aportados al proceso, de los parámetros que la sana crítica impone

considerar en su análisis.

Sexto: Que, a luz de lo expresado, del estudio del recurso aparecen una

serie de defectos que impiden que éste prospere. En primer término, cabe

tener en cuenta que la impugnación se estructura sobre la base de reprochar el

proceder contradictorio del Servicio de Impuestos Internos ante un mismo acto

jurídico, el contrato de opción de compra, al dar curso a dos procesos de

fiscalización que parten de una comprensión distinta del tipo de contrato

celebrado, el momento en que se genera el hecho gravado – lo que tiene

importancia para la determinación del monto de la obligación tributaria- y aquel

en que comienza a correr el plazo extintivo de las prerrogativas que la ley

concede a la administración para la fiscalización de los contribuyentes.

Sin embargo, para dilucidar la alegación de la reclamante es necesario

tener en cuenta que los jueces del fondo han concluido que ha sido la propia

contribuyente la que ha generado la situación en que funda el apartado

correspondiente del recurso deducido, al establecer que, una vez emitidas las

liquidaciones a que se refiere el punto signado 2.- del fundamento Segundo de

esta sentencia, la reclamante efectuó su declaración de impuesto a la renta

correspondiente al año tributario 2012, considerando como ingresos afectos al

impuesto de primera categoría en carácter de único, el total del precio de la

enajenación aludida, de lo que cabe concluir que en la especie la

contribuyente, antes de interponer su reclamo, desplegó una conducta

relevante, válida y eficaz ante los ojos del derecho que implica una toma de

posición frente a la situación generada con el perfeccionamiento del contrato

celebrado, la que tiene trascendencia en el mundo del derecho y que se

demuestra por el resultado tributario determinado en virtud de tal toma de

posición. De esta manera, resulta forzoso concluir que no han errado los jueces

del fondo al descartar la existencia de contradicción en el proceder del Servicio,

al existir en la especie un proceder de la reclamante que es vinculante a su

respecto, por lo que la conducta posterior que se evidencia mediante el

ejercicio de un derecho subjetivo como es la interposición del reclamo de

autos, no resulta admisible por oposición con el propio comportamiento. Por

ello, aun cuando considerada aisladamente la pretensión ejercida sea lícita, al

estar inmersa en la misma relación jurídica no es aceptable, como lo ha

expresado esta Corte en fallos anteriores al señalar que “El efecto que produce

la teoría del acto propio es fundamentalmente que una persona no pueda

sostener posteriormente por motivos de propia conveniencia una posición

distinta a la que tuvo durante el otorgamiento y ejecución del acto por haberle

cambiado las circunstancias, y que si en definitiva así lo hace, primarán las

consecuencias jurídicas de la primera conducta y se rechazará la pretensión

que se invoca y que implica el cambio de conducta que no se acepta” (SCS,

20.09.04 Rol 3997-03; SCS, 2.11.11, Rol 5978-10; SCS, 25.11.11, Rol 3046-

10).

Séptimo: Que, en consecuencia, no resulta posible sostener que se han

producido las vulneraciones de ley denunciadas si ha sido la propia reclamante

la que con su proceder da origen a la conducta de la entidad fiscalizadora, por

lo que el recurso no puede prosperar desde que su comportamiento procesal

permite concluir que los jueces del grado han efectuado una correcta aplicación

de las leyes que regulan la materia.

Octavo: Que siendo un hecho asentado que el período auditado por el

Servicio de Impuestos Internos corresponde al comprendido en la declaración

de impuestos presentada en abril de 2012, en el cual se ha declarado como

ingreso el total del valor de la enajenación pactada y perfeccionada, resulta

acertada la conclusión de los referidos sentenciadores que han descartado la

prescripción de la acción fiscalizadora ejercida, al haberse notificado la referida

liquidación dentro de plazo y respecto de hechos comprendidos en el período

efectivamente revisado, como es la declaración de la percepción del total del

precio pactado, por lo que no ha podido producirse el quebrantamiento de lo

dispuesto en el artículo 200 del Código Tributario.

Noveno: Que, como corolario de lo razonado precedentemente, no es

posible admitir el recurso por la infracción de lo dispuesto en el artículo 6 B N°

5 del Código Tributario, al carecer la norma citada de incidencia determinante

en lo resuelto, ya que su eventual quebrantamiento no determina la decisión de

lo debatido en un sentido diverso del concluido en autos.

Décimo: Que tampoco podrá ser atendida la impugnación en cuanto ella

se funda en la supuesta imposición a su parte, de una prueba imposible, al

demandar que la reclamante exhiba materialmente los antecedentes de

respaldo consignados en sus libros contables, toda vez que dicho apartado

omite considerar el real sentido de lo dispuesto en el artículo 21 del Código

Tributario que prescribe, en lo que interesa, que “Corresponde al contribuyente

probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley

establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus

declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y montos de las operaciones

que deban servir para el cálculo del impuesto.

El Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes

presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el

que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o

antecedentes no sean fidedignos.”

Según la disposición transcrita, no cabe duda que el onus probandi

pesa sobre el contribuyente, por lo que la circunstancia que la documentación

que le ha sido requerida no se encuentre en su poder, por ser de antigua data,

resulta ser un hecho que ha de pesar en su contra, en atención a la distribución

que el legislador tributario ha hecho de los deberes que afectan a los

contribuyentes, máxime si lo que se pretende es la rebaja de la entidad de la

carga impositiva que le afecta. En esas condiciones, encontrándose

establecido y no impugnado el hecho referido a la falta de detalle de la

información contenida en los formularios invocados y libro contable aportado,

resulta acertada la conclusión de los sentenciadores del fondo referida a la

ausencia de prueba para demostrar el costo de adquisición de las pertenencias

mineras que se impugnara.

Por otra parte, la afirmación referida a la ausencia de objeción del

Servicio de Impuestos Internos a las declaraciones contenidas en los

formularios 22 en el momento de su presentación ante la autoridad

administrativa, desatiende tanto la oportunidad en que tal operación ha

resultado relevante a efectos tributarios por propia decisión de la contribuyente,

como que tal omisión no acarrea como consecuencia el reconocimiento de su

capacidad persuasiva para demostrar sus pretensiones, de manera que la

calificación sobre su mérito insuficiente formulada por la sentencia del grado ha

sido efectuada por los jueces en virtud de sus atribuciones privativas, arribando

a conclusiones que no necesariamente tienen que coincidir con las planteadas

por la recurrente, aspecto que, como se ha dicho, escapa del control que

autoriza el recurso interpuesto, desde que no permite conocer del asunto

como si fuera uno de instancia, correspondiendo tal labor a una función

exclusiva y soberana de los jueces del grado.

Undécimo: Que las consideraciones precedentes, referidas al momento

en que ha adquirido trascendencia la necesidad de acreditar la entidad del

costo de enajenación invocado para la determinación del impuesto

correspondiente permite descartar la improcedente alegación de prescripción

hecha valer respecto de la obligación que grava al contribuyente interesado en

demostrar sus asertos, de contar con los correspondientes respaldos de sus

registros contables. En efecto, de las propias disposiciones aludidas en el

recurso y referidas a la extensión de la obligación de conservación de tales

antecedentes aparece que tal carga afecta al interesado mientras penda el

plazo que tiene el Servicio para la revisión de las declaraciones, situación que

en la especie ha adquirido gravitación precisamente en aquella

correspondiente al año tributario 2012, en que resultaba particularmente

relevante acreditar con el rigor que exige la ley, la corrección de la

determinación de su impuesto, lo que no ha sido posible por un hecho

imputable a la propia parte interesada.

Duodécimo: Que, por último, no escapa del análisis de esta Corte la

circunstancia que el recurso omite denunciar como efectivamente infringido el

artículo 17 N° 8, letra c) de la Ley de Impuesto a la Renta, norma que

claramente tiene el carácter de decisorio litis toda vez que permitió a los jueces

del fondo afirmar la falta de acreditación del costo de enajenación tenido en

cuenta en la determinación del impuesto declarado, ratificando la emisión de la

liquidación reclamada, omisión que impide a este tribunal quedar en

condiciones de avocarse de una manera definida al análisis de los problemas

jurídicos sometidos a su decisión y que habría sido necesario de abordar al

pretender el recurrente que se dicte sentencia de remplazo que revoque la de

primer grado y acoja la reclamación deducida.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, el recurso de autos no cumple

con las exigencias propias de un mecanismo de impugnación como el deducido

en atención a las deficiencias referidas precedentemente, ya que su

planteamiento obvia todo cuestionamiento a los hechos asentados en las

instancias correspondientes, omite considerar el proceder de la reclamante y,

finalmente, denunciar la efectiva infracción de la norma determinante para la

decisión de lo debatido y ello impide -atendida su naturaleza y finalidad- que

pueda prosperar, toda vez que lo hacen devenir, además, en infundado.

Décimo cuarto: Que de esta manera, al no haberse demostrado la

existencia de errores de derecho con influencia sustancial en lo resuelto, el

recurso debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, lo dispuesto en los artículos 764, 765,

767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 145 del Código Tributario, se

rechaza, con costas, el recurso de casación en el fondo deducido por el

abogado don xxxxxxxxxxxxxx, en representación de la parte

reclamante, en lo principal de fojas 468, contra la sentencia de veintiséis de

octubre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 467.

Acordada la condena en costas con el voto en contra del ministro

señor Künsemüller, quien fue del parecer de no imponerla, al estimar que la

reclamante recurrió con motivo plausible para ello.

Regístrese y devuélvase.

Redacción al cargo del ministro señor Künsemüller.

Rol N° 252-2017

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica

A., Carlos Künsemüller L., Lamberto Cisternas R., Manuel Valderrama R., y

Jorge Dahm O. No firma el Ministro Sr. Juica, no obstante haber estado en la

vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones